Sumilla: “…se ha configurado la infracción normativa de los artículos 474° y 481° del Código Civil al haberse aplicado indebidamente los precitados artículos, consecuentemente, el presente medio impugnatorio merece ser amparado…

CASARON la sentencia de vista, sólo en el extremo que confirmando la sentencia apelada fija alimentos a favor de la demandada, quedando subsistente en lo demás que contiene dicha resolución. b) Actuando en sede de instancia: REVOCARON la sentencia de primer grado, en cuanto declara fundada la reconvención referida a la pensión alimenticia y, REFORMÁNDOLA en dicho extremo, la declararon infundada…”

  “…es indispensable analizar el tema de la indemnización y la pensión alimenticia. Sobre el Primero, es del caso señalar que el recurrente cuestiona la indemnización fijada a favor de la demandada, empero, su alegación la sustenta en la aplicación de los artículos denunciados los cuales, como se ha señalado, regulan la obligación recíproca de los alimentos y los criterios para fijarlos. Empero, ello no obsta para que esta Sala Suprema advierta, en relación al argumento de la condición económica alegado por el recurrente, que el órgano revisor ha tenido en cuenta tal circunstancia, según se aprecia del tercer considerando de la resolución de vista cuando señala que "si bien la indemnización le corresponde a la cónyuge demandada -por haberse establecido en autos que ha resultado perjudicada con la separación-, ésta debe fijarse con un mejor criterio de equidad atendiendo a los ingresos que percibe el demandante, motivo por el cual ha reformado el monto indemnizatorio; siendo que el argumento de la carga familiar no se encuentra acreditada en autos; razones por las cuales este extremo del recurso deviene infundado…”

 “…las instancias demérito al fijar dicha pensión se han sustentado en la aplicación de los artículos 474° y 481° del Código Civil, señalando que la cónyuge perjudicada no cuenta con un trabajo que le reporte ingresos para la satisfacción de sus necesidades, además de encontrarse recibiendo atención médica, por lo que el demandante se encuentra obligado a asistirla con una pensión alimenticia; sin tener en cuenta que la primera norma regula la relación obligacional alimentaria entre cónyuges, ascendientes y descendientes y hermanos, mientras que la segunda regula los criterios para fijarlos, por lo que no resultan pertinentes para los casos de divorcio como el de autos, en el cual la valoración debe estar orientada a determinar la existencia del estado de necesidad que ponga en peligro la subsistencia del cónyuge perjudicado con la separación... Al respecto, esta Sala Suprema ha señalado en la Casación número cuatro mil cincuenta y siete — dos mil nueve — Huánuco, de fecha cuatro de mayo de dos mil diez, que "debe entenderse que excepcionalmente en este supuesto puede subsistir la obligación alimentaria a favor del cónyuge que resulta perjudicado con la separación, ello siempre y cuando se hubiera acreditado que el cónyuge perjudicado estuviera imposibilitado de trabajar o de subvenir sus propias necesidades por otros medios, conforme lo establece el artículo 350 del Código Civil". …”

  “…en el escrito de demanda, el accionante señaló que la demandada no le ha iniciado proceso de alimentos, lo que no ha sido negado por ésta, quien al fundamentar, su reconvención ha precisado que era ella quien enviaba dinero para el hogar; asimismo, al absolver la reconvención, el demandante ha referido en relación a la constancia de pobreza presentado por la emplazada, que aquella viene efectuando el pago de tasas judiciales y cédulas de notificación lo que no ha sido analizado por las instancias de mérito; finalmente, del certificado médico de fojas ciento veinte y el informe de fojas ciento setenta, no se aprecia haberse determinado un estado de incapacidad para trabajar o imposibilidad de valerse por sí misma de la demandada; por consiguiente, no se advierten circunstancias que determinen un estado de necesidad en la cónyuge demandada…”

  “…el artículo 345-A del Código Civil no determina que el Juez se encuentre obligado a fijar una pensión alimenticia conjuntamente con la indemnización por daños y perjuicios, pues ello debe estar sujeto a un debate probatorio en el que se demuestre el estado de necesidad del cónyuge perjudicado …” 

CAS. N°  LIMA.  diez de mayo del dos mil diez. LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA, en Discordia, con el voto de la señora Juez Supremo Valcárcel Saldaña, quien se adhiere a los votos de los señores Jueces Supremos Palomino García Castañeda Serrano e Idrogo Delgado;  en audiencia pública de la fecha, y producida la votación correspondiente de acuerdo a ley, emite la siguiente sentencia:

 

1. MATERIA DEL RECURSO: Es materia de autos el recurso de casación interpuesto a fojas doscientos setenta y siete por el demandante Banco Interamericano de Finanzas (BIF), contra la resolución de vista de fojas doscientos cincuenta, su fecha veintiocho de octubre del dos mil ocho, la que revocando la resolución apelada de fojas ciento setenta y siete, de fecha veinticinco de abril del dos mil ocho en donde se declaraba fundada la demanda de ejecución de acta de conciliación; reformándola, ha declarado infundada la misma.

 

2. FUNDAMENTOS POR LOS  CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO: Esta Suprema Sala mediante resolución de fecha treinta de julio del dos mil nueve ha declarado procedente el recurso de casación por la causal prevista en el incisos 3° del artículo 386 del Código Procesal Civil, sustentado en la contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, denunciando que la Sala Superior ha efectuado una interpretación del derogado artículo 718 del Código Procesal Civil, realizando una ampliación a los criterios de contradicción establecidos en el proceso de ejecución, lo cual se configura como un grave atentado contra el debido proceso, pues al otorgarle mayores posibilidades de contradicción al ejecutado, se transgrede el procedimiento que fue establecido por ley para el desarrollo de los procesos de ejecución, causando con ello inestabilidad e inseguridad jurídica; a ello añade que, si se toma como verdadera la tesis de la Sala Superior (en el sentido que las limitaciones al derecho de contradicción no se extiende al acta de conciliación, pues ésta no deriva de una sentencia judicial firme) se estaría desnaturalizando el mérito de ejecución de las actas de conciliación, establecida en el artículo 18 de la Ley 26872.

 

3. CONSIDERANDO:

 

Primero.- Debe tenerse en cuenta que, en materia de casación es factible ejercer el control casatorio de las decisiones jurisdiccionales, para determinar si en ellas se han infringido o no las normas que garantizan el derecho al debido proceso, tomándose en consideración que éste supone el cumplimiento de los principios y de las garantías que regulan el proceso como instrumento judicial, cautelando sobre todo el ejercicio del derecho de defensa de las partes en litigio.

 

Segundo.- Conforme lo disponer el primer párrafo del artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal Civil, las normas procesales tienen un contenido imperativo, salvo que se haya establecido una regulación permisiva para un supuesto concreto; en ese sentido, al momento de interponer la demanda de autos ( trece de julio del dos mil siete), el artículo 718 del Código adjetivo antes indicado, establecía que en sede de ejecución de resoluciones judiciales, la contradicción al mandato de ejecución sólo podía fundarse en: a) Cumplimiento de lo ordenado;. ó b) extinción de la obligación.

 

Tercero.- Al estar frente a la ejecución de un acta de conciliación extrajudicial, su naturaleza jurídica se encuentra prevista en la Ley número 26872 — Ley de Conciliación -, de cuyos artículos 3 y 4 se establece su carácter consensual (lo que implica la existencia de acuerdos de manifestaciones de voluntad), siendo que la misma no es un acto jurisdiccional; sin embargo, para efectos de su ejecución se le concede una particularidad que no tienen la generalidad de los acuerdos privados (como los contratos), y es — en caso de incumplimiento - el acuerdo plasmado en el acta respectiva constituye un título de ejecución; de manera que, los derechos, deberes u obligaciones ciertas, expresas y exigibles derivadas del acta son exigibles a través del proceso de ejecución de resoluciones judiciales (artículo 18 de la Ley 26872).

 

Cuarto.- En la recurrida se señala que las limitaciones al derecho de contradicción (según lo indicado en la parte final del considerando segundo de esta sentencia casatoria) no se pueden extender al acta de conciliación, pues esa limitación sólo alcanza a las resoluciones judiciales, ya que en éstas no existe otra posibilidad que acatarlas, sin poder calificar su contenido ni fundamentos; además, porque la conciliación no es un acto jurisdiccional y porque las normas que restringen derechos (como la contradicción) no pueden ser aplicados a supuestos no previstos expresamente. Bajo tales supuestos la resolución recurrida (advirtiendo la naturaleza contractual de la conciliación) termina ampliando las causales de contradicción al supuesto de la excepción de incumplimiento prevista en el artículo 1426 del Código Civil.

 

Quinto.- Analizando la denuncia casatoria, se debe establecer que el artículo 718 del Código Procesal Civil (vigente al momento de acontecer los actuados) estableció de manera precisa las dos únicas causales de contradicción en sede de ejecución de resoluciones judiciales, siendo que éstas están constituidas por los títulos de ejecución

previstos en el artículo 713 (modificado por Ley 28494, y vigente al momento de acontecer los hechos) del mismo Código adjetivo, entre los cuales se encuentra el acta de conciliación, en mérito a lo previsto en el inciso 4° del citado artículo 713, en concordancia con el artículo 18 de la Ley 26872.

 

Sexto.- Estas dos únicas causales de contradicción constituyen una restricción al derecho de contradicción en general, la que resulta aplicable sólo para los supuestos previstos por la propia ley, es decir, aplicable sólo a los títulos de ejecución previstos en el artículo 713 antes indicado (incluida el acta de conciliación), no pudiendo establecerse diferencias donde la ley no las ha establecido, lo que no constituye una aplicación analógica de una norma que restringe derechos (artículo 139 inciso 9° de la Constitución Política), ya que la norma restrictiva tiene como su propio supuesto de hecho y ámbito de aplicación a los títulos de ejecución del citado artículo 713.

 

Sétimo.-De acuerdo a la estructura procesal de la ejecución del acta de conciliación (demanda— contradicción -resolución), el ordenamiento ha previsto una limitación al ejercicio de contradicción (conforme ya se mencionó), en la que no se encuentra comprendida la excepción de incumplimiento (artículo 1426 del Código Civil), ello sin perjuicio de la posibilidad de cuestionar la validez o eficacia del acta de conciliación (como acto jurídico de contenido patrimonial en este caso) en la vía correspondiente, o de exigir el cumplimiento de prestaciones. Siendo así, se ha incurrido en el supuesto de nulidad procesal previsto en la parte final del primer párrafo del artículo 171 del Código Procesal Civil, en concordancia con el artículo IX del Título Preliminar del mismo Código; por lo que se debe declarar la nulidad de la resolución recurrida, y establecer que la Sala Superior se vuelva a pronunciar con arreglo a ley.

 

Octavo.- Sin perjuicio de lo antes expuesto, se aprecia que del acta de conciliación materia de ejecución (fojas diecinueve a veintiuno), existen los siguientes acuerdos: a) (referido como punto 1.2) Textil Vulcano Sociedad de Responsabilidad Limitada y Fábrica de Tejidos Santa Catalina Sociedad Anónima se comprometen a entregar la posesión y desocupación total del inmueble sub litis, a favor del Banco Interamericano de Finanzas, a más tardar el diecinueve de marzo del dos mil siete, así como los recibos de servicios públicos y tributos municipales que se indican; b) (referido como punto 1.3) En caso de incumplirse con tal entrega, los obligados deberán pagar una penalidad de mil dólares americanos diarios hasta la entrega de la posesión, sin perjuicio que el Banco citado haga valer su derecho para obtener la desocupación del inmueble, penalidad que sólo será exigible en caso que el Banco referido haya cumplido con las condiciones del contrato de dación en pago del tres de octubre del dos mil seis, en lo referente a los gastos de cobranza.

 

Noveno.- Además, en el punto 1.5 del acuerdo conciliatorio las partes acordaron lo siguiente: "Es la voluntad de ambas partes dejar expresamente establecido que en el caso que la parte invitada a conciliar incumpliera con cualquiera de los puntos antes señalados 1.2 al 1.3, es decir basta que incumpla con uno de ellos, al día siguiente de producido el incumplimiento y sin requerimiento de ningún tipo, el solicitante pedirá, mediante ejecución de Acta de Conciliación ante el Órgano Jurisdiccional competente el cumplimiento de la misma ".

 

Décimo.- Para complementar lo indicado, a fojas ochenta y siete corre la minuta de la ampliación del contrato de dación en pago del tres de octubre del dos mil seis, ampliación que tiene fecha cinco de octubre del dos mil seis, en cuyo punto dos punto seis de la cláusula segunda se ha pactado: "Una vez que surta efectos éste contrato, EL BANCO (entiéndase Banco Interamericano de Finanzas) entregará a LA CLIENTE (entiéndase Fábrica de Tejidos Santa Catalina Sociedad Anónima) la suma de setenta mil dólares americanos a efectos que pague los gastos por el desarme o desinstalación de su planta, contratación de personal especializado, se traslade a su nuevo local, reinstale su nueva planta, entre otros gastos."

 

Undécimo.- Lo expuesto en los considerandos octavo a décimo de esta sentencia suprema no puede ser materia de análisis en una ejecución del acta de conciliación bajo las reglas de la ejecución de resoluciones judiciales, pues en ésta no es posible analizar la estructura contractual del acuerdo conciliatorio, sobre todo porque tales hechos no se refieren a las dos únicas causales de contradicción antes indicadas; además, no es posible analizar si se está ante prestaciones independientes o simultaneas, o si al estar ante dos actos jurídicos (primero la dación en pago y después la conciliación) hay o no acuerdos modificatorios o aclaratorios en cuanto a la simultaneidad o no de prestaciones.

 

4. DECISION: Por estas consideraciones y en aplicación del acápite 2.1 del inciso 2° del artículo 396 del Código Procesal Civil. Declararon: a) FUNDADO el recurso de casación interpuesto a fojas doscientos setenta y siete por el demandante Banco Interamericano de Finanzas; en consecuencia, NULA la resolución de vista de fojas doscientos cincuenta, su fecha veintiocho de octubre del dos mil ocho. b) ORDENARON que la Sétima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, expida una nueva resolución con arreglo a Ley. c) DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano, bajo responsabilidad; en los seguidos con Fábrica de Tejidos Santa Catalina Sociedad Anónima y Textil Vulcano Sociedad de Responsabilidad Limitada, sobre ejecución de acta de conciliación.- SS. PALOMINO GARCÍA, CASTAÑEDA SERRANO, (DROGO DELGADO, VALCARCEL SALDAÑA El secretario de la Sala que suscribe certifica: Que los señores Jueces Supremos Castañeda Serrano e 'drogo Delgado, no vuelven a suscribir su voto que fuera efectuado con fecha tres de noviembre del dos mil nueve, el mismo que obra a fojas treinta y siete de este cuaderno, por encontrarse laborando en la fecha en la Corte Superior de Justicia del Callao y la Corte Superior de Justicia

de La Libertad, respectivamente; el señor Juez Supremo Palomino García vuelve a suscribir su voto que obra en los mimos folios 'y fecha antes señalados. Lima, diez de mayo del dos mil diez.-LOS FUNDAMENTOS ADICIONALES DE LA SEÑARA JUEZ SUPREMO VALCARCEL SALDAÑA  ES COMO SIGUE: y CONSIDERANDO: Primero.- Que, la Sétima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, por Resolución número dos, obrante de fojas doscientos cincuenta a doscientos cincuenta y tres, dictada el veintiocho de octubre de dos mil ocho, revocó el auto apelado, resolución número once, de veinticinco de abril de dos mil ocho, obrante de fojas ciento setenta y siete a ciento ochenta, que declaró fundada la demanda de ejecución y reformándola, la declaró infundada. Segundo.- Que, de lo antes expuesto, se desprende que el auto de vista materia del presente recurso, es una resolución que acorde a lo señalado por el artículo 322, inciso 1° del Código Procesal Civil, contiene una declaración sobre el fondo. Tercero.- Que, no obstante que la precitada resolución aparece suscrita sólo por dos de los tres Jueces Superiores conformantes de la Sala respectiva, también lo es que analizando el fondo de la materia en controversia, se advierte que la misma contraviene las normas que garantizan el debido proceso. Cuarto.- Que, en efecto, no obstante que la parte actora demanda la ejecución del acta de conciliación extrajudicial a efectos que Fábrica de Tejidos Santa Catalina Sociedad Anónima y Textil Vulcano Sociedad de Responsabilidad • Limitada, en calidad de obligados (litisconsortes necesarios), cumplan con la desocupación y entrega del inmueble de propiedad de la demandante, ubicado en la avenida Elmer Faucett número doscientos setenta y uno, Callao, esto es, lo acordado en el numeral 1.1 del rubro denominado Acuerdo Conciliatorio Total; sin embargo la Sala Superior meritua el documento denominado "Ampliación del Contrato de Dación en Pago" de fecha cinco de octubre del dos mil seis, el mismo que no guarda relación con la pretensión materia de demanda, a efectos de desestimar la misma, incurriendo, por tanto, en contravención al debido proceso; por tales fundamentos MI VOTO es porque se declare FUNDADO el recurso de casación interpuesto de fojas doscientos setenta y siete, por el demandante Banco Interamericano de Finanzas, consiguientemente, NULA la resolución de vista de fojas doscientos cincuenta, su fecha veintiocho de octubre del dos mil ocho; y se ORDENE a la Sétima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que expida una nueva resolución con arreglo a ley; en los seguidos por el Banco Interamericano de Finanzas —BIF, con la Fábrica de Tejidos Santa Catalina Sociedad Anónima y Textil Vulcano Sociedad de Responsabilidad Limitada, sobre ejecución de acta de conciliación.-Lima, diez de mayo de dos mil diez.- S. VALCARCEL SALDAÑA LOS FUNDAMENTOS DEL VOTO DISCREPANTE DE LOS SEÑORES JUECES SUPREMOS MIRANDA MOLINA Y ALVAREZ LOPEZ, SON COMO SIGUE: y CONSIDERANDO: Primero.- El artículo 141 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, señala que "en las Cortes Superiores tres votos conformes hacen resolución, tratándose de las que ponen fin a la instancia; y en los demás casos bastan dos votos conformes". Segundo.- En el caso de autos, el Banco Interamericano de Finanzas, interpone recurso de casación en contra de la resolución de fojas doscientos cincuenta, su fecha veintiocho de octubre del dos mil ocho, expedida por la Séptima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, la misma que revoca la resolución apelada que declara fundada la demanda y reformándola declara infundada la misma. Tercero.-Examinada la resolución recurrida en casación, se advierte que no reúne el requisito prescrito en el glosado artículo 141 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, puesto que al ser una que pone fin al proceso era necesario la conformidad de tres votos; sin embargo, sólo ha sido suscrita por dos Magistrados. Cuarto.- En tal orden de ideas, la resolución impugnada debe ser suscrita por el tercer Magistrado y si fuere el caso deberá cumplirse con el trámite establecido en los artículos 145 y 147 del Texto Unico Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en lo pertinente. Por las consideraciones expuestas: Nuestro VOTO es porque se declare NULO el concesorio del recurso de casación de fojas ochenta y cinco, su fecha once de marzo del dos mil nueve; en consecuencia se ORDENE al Ad'quem que proceda conforme esta ordenado en la parte considerativa de la presente resolución; en los seguidos por el Banco Interamericano de Finanzas-BIF con la Fábrica de Tejidos Santa Catalina Sociedad Anónima y otro sobre ejecución de acta de conciliación. Lima, quince de diciembre del dos mil nueve.

CAS. N°  LIMA. Lima, ......., emite la siguiente sentencia:

 

1. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto a fojas doscientos setenta y nueve por doña Zoila Rosa Irus Maximiliano contra la sentencia de vista de doscientos sesenta y ocho, su fecha trece de enero de dos mil nueve, expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima que revoca la sentencia apelada de fojas ciento ochenta y nueve, su fecha veintisiete de agosto de dos mil ocho, que declaró fundada la demanda de ineficacia de acto jurídico y, reformándola, declara infundada la citada demanda.

2. FUNDAMENTOS POR LOS CUALES HA SIDO DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO: Esta Sala Suprema, mediante resolución de fecha veinte de julio del año en curso, ha declarado procedente el recurso por las causales de: a) aplicación indebida del inciso 1 del artículo 195° del Código Civil, sustentado en que el mencionado inciso 1) sólo es aplicable a las demandas en las que se pretende  la declaración de ineficacia de actos de disposición que se hayan producido a título oneroso, por lo que la sentencia de vista habría incurrido en error cuando pretende justificar que el tercero o el deudor debe acreditar la inexistencia del perjuicio o la existencia de bienes libres suficientes. Refiere la recurrente que el presente caso trata de la ineficacia de un acto jurídico de disposición realizado a título gratuito (donación) en el cual sólo se debe aplicar el primer párrafo del artículo 195° del Código

Civil, más no así el inciso 1) de mencionado dispositivo; y, b) interpretación errónea del artículo 195° del Código Civil, sustentado en que no se habría interpretado correctamente la presunción contenida en el primer párrafo de la norma invocada por cuanto: "cuando se trata de actos de disposición a título gratuito, existe la presunción de la existencia de perjuicio e imposibilidad de pagar íntegramente la prestación debida o se dificulta la posibilidad de cobro". Expresa la recurrente que la interpretación correcta de la presunción iuris tantum contenida en el primer párrafo de la norma citada debe ser en el siguiente sentido: cuando se trata de actos de disposición a título gratuito, se presume la existencia de perjuicio e imposibilidad de pagar íntegramente la prestación indebida o se dificulta la posibilidad de cobro, sobre todo cuando se trata de obligaciones que ya se encontraban vencidas al momento de la interposición de la demanda de ineficacia, por tanto, subsiste la presunción si el deudor (demandado donante) no pagó la deuda a su vencimiento. Añade que para no justificar que la deuda se encuentra suficientemente garantizada debió interpretarse y aplicarse la norma sustantiva artículo 1097° del Código Civil.

3. CONSIDERANDO:

Primero.- Que, es pretensión de la demanda interpuesta por la recurrente a fojas veintinueve, la declaración de ineficacia del acto jurídico de donación celebrado por Alejandro Alberto Dañino Gaertig y Lourdes Esther Gonzáles Zegarra a favor de Alicia Rosa Grund, mediante escritura pública de fecha ocho de marzo de dos mil siete, respecto del inmueble ubicado en la Avenida Paseo de la República número seis mil doscientos setenta y cuatro, Letra "B", distrito de Miraflores —Lima; y, en forma accesoria, que la ineficacia se anote en la ficha registral respectiva.

 

Segundo.- Que, mediante la acción revocatoria o pauliana el acreedor pretende que se declare respecto de él la ineficacia de los actos jurídicos realizados por su deudor con los cuales renuncia a derechos o pretende que desaparezca o disminuya su patrimonio conocido, perjudicando el cobro del crédito actual o futuro. Esta acción procede contra los actos de disposición ya sean gratuitos u onerosos que revistan las características que precisa la ley.

 

Tercero.- Que, la esencia de esta acción es vigilar la .situación patrimonial del deudor, a efecto de que se posibilite la acción del acreedor, requiriéndose para su procedencia del fraude en perjuicio del acreedor, pues la finalidad de la misma es evitar que el crédito a que éste tiene derecho se vea afectado en razón del acto de disposición realizado por su deudor, quien lo celebra precisamente para evadir su obligación de pago.

 

Cuarto.- Que, el artículo 195° del Código Civil (modificado por la Primera Disposición Modificatoria del Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil) regula el fraude del acto jurídico, señalando que: "El acreedor, aunque el crédito esté sujeto a condición o a plazo, puede pedir que se declaren ineficaces respecto de él los actos gratuitos del deudor por los que renuncie a derechos o con los que disminuya su patrimonio conocido y perjudiquen el cobro del crédito. Se presume la existencia de perjuicio cuando del acto del deudor resulta la imposibilidad de pagar íntegramente la prestación debida, o se dificulta la posibilidad de cobro"; siendo que en su segundo párrafo, la norma citada precisa que: "Tratándose de acto a título oneroso deben concurrir, además, los siguientes requisitos: 1) Si el crédito es anterior al acto de disminución patrimonial, que el tercero haya tenido conocimiento del perjuicio a los derechos del acreedor o que, según las circunstancias, haya estado en razonable situación de conocer o de no ignorarlos y el perjuicio eventual de los mismos. 2) Si el acto cuya ineficacia se solicita fuera anterior al surgimiento del crédito, que el deudor y el terceto lo hubiesen celebrado con el propósito de perjudicar la satisfacción del crédito del futuro acreedor. Se presume dicha intención en el deudor cuando ha dispuesto de bienes de cuya existencia había informado por escrito al futuro acreedor. Se presume la intención del tercero cuando conocía o estaba en aptitud de conocer el futuro crédito y que el deudor carece de otros bienes registrados".

 

Quinto.-Que así, la norma materia de análisis y que refiere al fraude como presupuesto de la acción revocatoria o pauliana, contempla dos supuestos: el primero, relacionado a los actos de disposición gratuitos y, el segundo, referido a aquellos actos de disposición realizados a título oneroso.

 

Sexto.- Que, los requisitos que condicionan el ejercicio de esta acción, son: el eventus damni, elemento objetivo que consiste en el perjuicio que se ocasiona al acreedor; el consilium fraudis, elemento subjetivo consistente en el conocimiento que tiene el deudor de su propia situación económica y, por ende, que con la disposición por él realizada se imposibilitará satisfacer sus deudas por la minoración que experimenta su patrimonio; y, el conscius fraudis (elemento previsto en el segundo párrafo de la norma acotada para el caso de actos a título oneroso) mediante el cual se exige la concurrencia del concierto fraudulento con el tercero adquirente o la aplicación de los supuestos de presunción que prevé la norma acotada, lo que no se exige cuando se trata de actos de disposición a título gratuito.

 

Séptimo.- Que, en el presente caso, se tiene que mediante escritura pública de fecha ocho de marzo de dos mil siete se celebró entre los codemandados una donación, en la cual Alejandro Alberto Daniño Gaertig y Lourdes Esther Gonzáles Zegarra otorgan en donación a doña Alicia Rosa Grund el dominio del inmueble sito en la avenida Paseo de la República número seis mil doscientos setenta y cuatro,. Letra "B", distrito de Miraflores, Departamento de Lima, la cual se encuentra registrada en la Partida número cuatro uno seis uno seis dos uno cero de los Registros de Predios de Lima.

 

Octavo.-Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1621° del Código Civil, el elemento que caracteriza la donación es la gratuidad, esto es la transferencia de un bien sin contraprestación, constituyendo un acto de liberalidad entre vivos, bilateral, solemne y con efectos inmediatos a la fecha de su celebración.

 

Noveno.- Que, en autos se encuentra establecido que el demandado viene adeudando a la actora la suma de cuarenta mil seiscientos veintidós dólares americanos según se advierte de las siete letras de cambio que obran en autos de fojas ocho a catorce, y que ésta ha iniciado por tal motivo acción ejecutiva habiéndose emitido mandato ejecutivo; por lo que ambas instancias coincidentemente concluyen que, está demostrada la existencia del crédito a favor de la accionante, así como del acto de disposición patrimonial y con ello la disminución del patrimonio del deudor. Sin embargo, la Sala Superior ha revocado la sentencia apelada que amparó la demanda, invocando el inciso 1) del artículo 195° del Código Civil sustentando además, que con los créditos hipotecarios adjudicados al deudor con ocasión de la sustitución del régimen patrimonial suscrito con su cónyuge codemandada estaría garantizada la satisfacción de la acreencia de la demandante, no requiriéndose que dicho emplazado acredite haber iniciado acciones de cobro de tales créditos, con lo cual desaparece la presunción de perjuicio.

 

Décimo.- Que, al respecto, corresponde señalar que la existencia del perjuicio se presume cuando del acto del deudor resulta la imposibilidad de pagar íntegramente la prestación o se dificulta la posibilidad de cobro", conforme lo señala expresamente la parte in fine del primer párrafo de la norma en comento, aplicable al caso de autos, en el que se ha demostrado la disminución del patrimonio conocido del deudor -tal como la propia Sala de vista reconoce en el considerando quinto de la recurrida-, así como que la celebración del acto de donación es de fecha posterior a la deuda que se encuentra vencida y que el demandado no cuenta con bienes inmuebles inscritos a su favor.

 

Décimo Primero.-Que la justificación de la acción revocatoria no se encuentra sólo en el acto de disposición mismo, sino en la conducta del sujeto o sujetos que participan en él y en los efectos que éste origina, pues frente al derecho que tiene el deudor sobre su patrimonio se encuentra el deber de actuación que tiene en sus relaciones obligacionales y en el no uso abusivo de sus derechos; es por ello, que conforme al texto de la norma no es necesario acreditar la insolvencia del deudor, procediendo ante la carencia de bienes conocidos y en la posible dificultad de cobrar de otro modo. En tal sentido, sobre la existencia de créditos hipotecarios a favor del deudor-demandado se advierte de autos, que al contestar la demanda mediante escrito de fojas ochenta y dos, éste sostiene: "...he tenido que accionar judicialmente para ejecutar las garantías otorgadas"; afirmación con la cual dicho emplazado está asumiendo, por voluntad propia, la carga de probar su alegación, ello en aplicación de lo preceptuado en el artículo 196° del Código Procesal Civil, según el cual la carga de probar corresponde también a quien contradice hechos alegando nuevos hechos, lo que ha tenido en cuenta el Juez de primera instancia al señalar en el décimo considerando de la apelada que el demandado no ha acreditado con medio probatorio dicho argumento de defensa.

 

Décimo Segundo.- Que, por lo tanto, habiéndose establecido en autos la preexistencia del crédito al acto de disposición patrimonial que le ha causado perjuicio a la actora, en tanto no se pagó la deuda a su vencimiento, es de aplicación la presunción de existencia del perjuicio, regulada por el citado artículo 195° del Código Civil, en virtud que se ha dificultado la posibilidad de cobro de la demandante al haberse determinado que el demandado Alejandro

 

eficiada con el acto de disposición que evidencian la intención de evadir la obligación; todo lo cual determina que la resolución de vista ha incurrido en la causal de interpretación errónea del primer párrafo del artículo 195° del Código Civil, por lo que este extremo del recurso es fundado.

 

Décimo Tercero.-Que por las mismas consideraciones que anteceden, se ha incurrido además en la causal de aplicación indebida el inciso 1) de la norma sustantiva acotada, puesto que dicho requisito sólo es exigible en caso de actos a título oneroso y no gratuito, como el de autos, por lo que este extremo del recurso también merece amparo. 4. DECISIÓN: Estando a las conclusiones a las que se arriba y de conformidad con lo establecido en el .artículo 396°, inciso 1, del Código Procesal Civil: a) Declararon FUNDADO el recurso de casación, por las causales de aplicación indebida e interpretación errónea de las normas sustantivas denunciadas, interpuesto por Zoila Rosa Irus Maximiliano a fojas doscientos setenta y nueve; en consecuencia CASARON la sentencia de vista de fojas doscientos sesenta y ,ocho, su fecha trece de enero de dos mil nueve, emitida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima. b) Actuando en sede de  instancia: CONFIRMARON la sentencia de fojas ciento ochenta y nueve, su fecha veintisiete de agosto de dos mil ocho, que declara FUNDADA la demanda de fojas veintinueve y, en consecuencia, se declara Ineficaz con respecto a la demandante Zoila Rosa 'rus Maximiliano, el acto jurídico de donación otorgado por Alejandro Alberto Dañino Gaertig y Lourdes Esther Gonzáles Zegarra a favor de Alicia Rosa Grund, del inmueble ubicado en la avenida Paseo de la República número seis mil

doscientos setenta y cuatro, letra "13", distrito de Miraflores, Lima, mediante escritura pública del ocho de marzo del dos mil siete; con lo demás que contiene; en los seguidos por Zoila Rosa Irus Maximiliano con Alejandro Alberto Dañino Gaertig, Lourdes Esther Gonzáles Zegarra y Alicia Rosa Grund, sobre ineficacia de acto jurídico. c) DISPUSIERON la publicación de esta resolución en el

CAS. N° 1.....ey, se emite la siguiente sentencia.

 

I. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto a fojas seiscientos sesenta y tres por la entidad demandada Banco Internacional del Perú — Sucursal Pucallpa contra la resolución de vista obrante a fojas seiscientos cuarenta y tres su fecha doce de marzo de dos mil nueve, que revocando en parte la sentencia apelada de fecha ocho de setiembre de dos mil ocho que declara infundada la demanda la reforma declarándola fundada y nulo los actos jurídicos de compra venta y arrendamiento financiero contenidos en la escritura pública de fecha seis de agosto de mil novecientos noventa y nueve, en los seguidos por Cruz Belinda Iparraguirre Castillo y Ucayali Trading S.R.L sobre nulidad de acto jurídico e indemnización por daños y perjuicios.

 

II. FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Esta Sala mediante resolución de fecha dieciséis de noviembre de dos mil nueve, declaró procedente el recurso de casación por las causales contenidas en los incisos 1, 2 y 3 del artículo 386 del Código Procesal Civil; se denuncia: a) Aplicación indebida del artículo 1543 del Código Civil, sostiene que la Sala aplica indebidamente el citado artículo, pues la hipótesis (supuesto de hecho) de la misma es otra distinta a la del caso de autos, donde es evidente que el precio ha sido determinado de común acuerdo entre el vendedor y el comprador, basta para ello remitirse a la escritura pública de su propósito, donde este hecho consta de modo indubitable, pues allí no se deja librado al arbitrio de ninguna de las partes la determinación del precio (hecho que supone siempre un acto posterior destinado a este fin), que es el supuesto fáctico de la norma, sino que en el mismo acto (es decir simultáneamente) se acuerdan cosa y precio, que son los elementos esenciales del contrato de compra venta con arreglo al artículo 1529 del Código Civil, manifestando que es evidente que la ley sanciona con nulidad originaria la falta de acuerdo en cuanto al precio, ya que siendo éste uno de los elementos esenciales del contrato no puede ser fijado unilateralmente; b) Aplicación indebida de los artículos 219 inciso 4) y 220 del Código Civil, alega que dicha norma sólo es aplicable cuando están en presencia de un acto que tiene un fin ilícito, es decir de un acto proscrito por la ley en razón de su finalidad, lo que, evidentemente, no es el caso de autos o actos traídos a juicio, que se celebraron en el marco de una legítima y lícita operación de "leaseback", para darle un respiro financiero a los demandantes, dado que sus obligaciones estaban vencidas y eran pasibles de ser ejecutadas la garantías reales y personales constituidas en seguridad de las mismas y porque fueron los propios demandantes quienes lo solicitaron, como ha sido probado en el expediente número doscientos treinta y uno — dos mil uno acompañado a estos autos; en lo concerniente al artículo 220 del mismo cuerpo legal, su aplicación resulta también impertinente, aunque sólo sea una norma que autoriza la acción pública para nulificar un acto de los contemplados en el artículo precedente y que se haya aplicado como consecuencia de haber concluido la Sala de mérito que se trató de un acto ilícito y que de oficio puede nulificarlo porque así lo autoriza este último artículo; c) Inaplicación del artículo 1354 del Código Civil y en ese mismo sentido, la norma del artículo 62 de la Constitución Política del Estado; manifestando que, según la escritura pública de su propósito se consigna como precio pactado y pagado la cifra de un dólar, es preciso detenerse sobre la validez de dicho acuerdo; sin embargo, el Banco verdaderamente pagó como precio la suma de doscientos veinte mil dólares mediante abono en cuenta del co-contratante y co-demandante Ucayali Trading SRL, hecho que ha sido probado con la correspondiente Nota de Abono número nueve siete siete cero dos dos cuatro de fecha veintidós de setiembre de mil novecientos noventa y nueve, obrante a fojas ciento tres de los autos acompañados que se tuvo a la vista al momento de dictarse la sentencia de primera instancia (expediente número doscientos treinta y uno — dos mil uno seguido por Ucayali Trading S.R.L y Cruz Belinda Iparraguirre Castillo contra el Banco Internacional, sobre anulabilidad de acto jurídico, rescisión de contrato de compraventa e indemnización por daños y perjuicios y con la declaración de parte de la co-demandante en ese proceso); d) Inaplicación del artículo 1361 del Código Civil, Señalando que, no puede desconocerse la eficacia y obligatoriedad de un contrato cuando la parte que después lo impugna ha convenido, en su momento, con la declaración expresada en el mismo, esa falta de coincidencia debe ser probada, si ha sido

alegada, como sucede en este caso, donde los demandantes con indisimulada mala fe, niegan esa coincidencia; e) Inaplicación del artículo 1362 del Código Civil; argumentando que no hay buena fe en la ejecución de los contratos de compraventa y arrendamiento financiero cuya declaración de nulidad se pretende, cuando la Sala acoge los argumentos de la parte apelante en el sentido que el precio pagado por los inmuebles fue de un dólar, no obstante que el mismo Colegiado reconoce que el Banco pagó como precio la suma de doscientos veinte mil dólares que fueron abonados en la cuenta de la co-demandante y co-contratante Ucayali Trading S.R.L, empresa controlada y representada por la otra contratante y co demandante Cruz Belinda Iparraguirre Castillo; f) Inaplicación del artículo 1529 del Código Civil, en cuanto establece que el contrato de compra venta requiere del acuerdo entre el vendedor sobre la cosa materia de venta y del comprador respecto del precio que paga por ella, así como también señala las obligaciones que de él emanan y que se han cumplido a cabalidad en el caso en litigio, de haberse aplicado al caso dichos dispositivos legales, sin duda la decisión de la Sala de mérito hubiera sido otra; g) La contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, alega que la infracción denunciada consiste en que la sentencia de vista no ha razonado adecuadamente (error in cogitando), es decir, aplicando las reglas de la lógica, el hecho que el verdadero precio que el Banco pagó por los inmuebles materia del contrato de compraventa fue de doscientos veinte mil dólares y no de un dólar a pesar que ese pago lo tiene por bien probado en el considerando décimo quinto de la sentencia, sólo que razona que esa suma debió de serle pagada directamente a Cruz Belinda Iparraguirre y no a Ucayali Trading S.R.L olvidando que ambas personas fueron parte en el contrato de compraventa y arrendamiento financiero y la última estuvo representada en ese acto por la primera, en su condición de gerente, de manera tal que la cláusula segunda del primero de los contratos, en donde se consigna que el precio de venta es de un dólar debe ser interpretado dentro de su verdadero contexto, esto es, dentro de lo que constituye una operación de "Leaseback" (contrato que, por lo demás, la Sala se ocupa de desarrollar en extenso); interpretado así, contextualmente, es fácil concluir que esa cifra era sólo el valor residual de los inmuebles que, a su turno, era la misma cifra que los demandantes les hubieran tenido que pagar en caso de ejercer la "opción de compra" prevista en el contrato de arrendamiento financiero, donde se valorizan los inmuebles en doscientos veinte mil dólares, cantidad que precisamente fue abonada a la empresa demandante, cuya representación ejercía la otra co -contratante, Cruz Belinda Iparraguirre, es decir, los referidos contratos de compraventa y arrendamiento financiero no pueden ser interpretados separadamente sino como una unidad contractual por constituir una operación de "Leaseback" (y así lo reconoce y afirma la propia Sala de mérito en la sentencia, véanse los considerandos sétimo, octavo, noveno, décimo y undécimo, donde analiza y concluye que existe un coligamiento necesario entre ambos contratos), que requiere que la traslación de dominio de los bienes por la vía de compraventa sea seguida del arrendamiento financiero de los mismos, por lo que, contraviene las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, principio consagrado en el artículo 139 de la Constitución Política del Estado, recogido en el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil. Asimismo, denuncia infracción del "principio de congruencia" recogido en los artículos VII del Título Preliminar y 122 inciso 4 del Código Procesal Civil, según los cuales el juez no puede ir más allá del petitorio, ni fundar su decisión en hechos diversos a los que han sido alegados por las partes.

 

III. CONSIDERANDOS:

Primero.-Que, habiéndose declarado procedente el recurso de casación por las causales de inaplicación de una norma de derecho material, aplicación indebida de una norma de derecho material y contravención a las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, debe precisarse que conforme lo dispone el artículo 396 del Código Procesal Civil, cuando se declara fundado el recurso de casación por vulneraciones a las normas que garantizan el debido proceso o las infracciones de las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales en todos los supuestos se debe devolver el proceso a la instancia inferior para que emita una nuevo fallo, mientras que si se declara fundado el recurso por las otras causales contempladas en el artículo 386 del Código Procesal Civil, la Sala Suprema actuando en sede de instancia deberá resolver el conflicto según su naturaleza, siendo esto así la revisión de las causales por las que ha sido declarado procedente el presente recurso de casación debe comenzar por el análisis de la alegación sobre vulneración a las normas que garantizan el derecho a un debido proceso.

 

Segundo.- Que, en esa medida -respecto a los errores in procedendo- la recurrente alega que la sentencia de vista afecta el debido proceso, ya que no razonó adecuadamente (error in cogitando); es decir, aplicando las reglas de la lógica al concluir que el precio de venta de los inmuebles era de un dólar sin considerar que el banco demandado canceló a la co-contratante y co-demandante Ucayali Trading S.R.L la suma de doscientos mil dólares y que las disposiciones del contrato de compraventa debieron interpretarse íntegramente con las disposiciones del contrato de arrendamiento financiero ya que, ambos acuerdos componen una unidad contractual por constituir una operación de "leaseback", que requiere que la traslación de dominio de los bienes por la vía de compraventa sea seguida del arrendamiento financiero de los mismos, por lo que, contraviene las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, tales como el artículo 139 de la Constitución Política del Estado y recogido en el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil. Asimismo, denuncia la infracción del "principio de congruencia" recogido en los artículos VII del Título Preliminar y 122 inciso 4 del Código Procesal Civil, según los cuales el juez no puede ir más allá del petitorio, ni fundar su decisión en hechos diversos a los que han sido alegados por las partes.

 

Tercero.- Que, para hacer un análisis de la motivación en la sentencia de vista debemos atender lo señalado por el Tribunal Constitucional' cuando precisa: "La motivación de una decisión no solo consiste en expresar la norma legal en la que se ampara, sino fundamentalmente en exponer suficientemente las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada". En esa medida, la debida motivación debe estar presente en toda resolución que se emita en un proceso, lo que implica que cualquier decisión cuente con un razonamiento que no sea aparente o defectuoso, sino que exponga de manera clara, lógica y jurídica los fundamentos de hecho y de derecho que la justifican, de manera tal que los destinatarios, a partir de conocer las razones por las cuales se decidió en un sentido o en otro, estén en la aptitud de realizar los actos necesarios para la defensa de su derecho. En esa misma línea el Tribunal Constitucional2 ha sostenido que "fija exigencia de que las decisiones judiciales sean motivadas garantiza que los jueces, cualquiera que sea la instancia a la que pertenezcan, expresen la argumentación jurídica que los ha llevado a decidir una controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar justicia se haga con sujeción a la ley; pero también con la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los. justiciables (..)".

 

Cuarto.- Que, de otro lado, el "principio de congruencia procesal", regulado por los artículos VII del Título Preliminar, 50 inciso 6 y 112 inciso 4 del Código Procesal Civil, alude a que en toda resolución judicial debe existir: 1) Coherencia entre lo solicitado por las partes y lo finalmente resuelto, sin omitirse, alterarse o excederse dichas peticiones (congruencia externa); y, 2) Armonía entre la motivación y la parte resolutiva (congruencia interna); en suma, la congruencia en sede procesal, es el "(...) principio normativo que delimita el contenido de las resoluciones Judiciales que deben proferirse de acuerdo con el sentido y alcance de las peticiones formula SENTENCIA TRIBUNAL CONSTITUCIONAL NUMERO 7022-2006-PA/TC, FUNDAMENTO 8 das por las partes (..) para que exista Identidad Jurídica entre lo resuelto y las pretensiones (...)"3, de donde los jueces tienen el deber de motivar sus resoluciones, como garantía de un debido proceso; no están obligados a darle la razón a la parte pretendiente, pero sí a indicarle las razones de su sin razón y a respetar todos los puntos de la controversia fijados por las partes, respetando así el principio de congruencia.

 

Quinto.- que, de la revisión de la motivación de la sentencia de vista se advierte que la misma resulta suficiente por cuanto se declara la nulidad del contrato de compraventa contenida en la escritura pública porque el precio de un dólar fue fijado unilateralmente por la entidad demandada; y, la nulidad del contrato de arrendamiento financiero, porque al intervenir una persona natural se desnaturalizó la esencia del contrato, porque intervino como propietaria de los inmuebles la empresa Ucayali Trading S.R.L, quien no ostentaba la propiedad de los inmuebles, el monto del arrendamiento de doscientos mil dólares americanos era la suma de lo adeudado por ésta, precio inferior al valor comercial de los inmuebles y porque no hubo un real arrendamiento financiero sino préstamo para el pago de obligaciones anteriores de la referida empresa, desnaturalizando objetivamente la esencia financiera del leaseback. En tal sentido, los argumentos de la recurrente carecen de asidero pues la nulidad de los contratos del seis de agosto de mil novecientos noventa y nueve, no sólo se sustentó en el precio de un dólar por los inmuebles, sino que, en esencia, las operaciones comerciales sustentadas en los referidos contratos no se referían a un arrendamiento financiero, más si a un mutuo para el pago de obligaciones anteriores, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 27 del Decreto Legislativo número 299 é incurriendo en la causal de nulidad absoluta del artículo 219 inciso 4 del Código Civil; con lo cual se descarta también, la alegación referida al principio de congruencia procesal pues la Sala Superior atribuyó las consecuencias jurídicas a los hechos que consideró probados.

 

Sexto.- que, en cuanto a la aplicación indebida del artículo 1543 del Código Civil, el recurrente alega que la Sala Superior no ha considerado. que el precio ha sido determinado de común acuerdo entre el vendedor y el comprador como se desprende de la escritura pública correspondiente, pues allí no se deja librado al arbitrio de una de las partes la determinación del precio, mientras que en la sentencia de vista se precisa que "la demandante no ha tenido participación alguna en la redacción de la minuta de compra venta, mucho menos en la determinación del precio", aplicando en ese sentido, la consecuencia jurídica contenida en el citado artículo 1543, que precisa: "La compraventa es nula cuando la determinación del precio se deja al arbitrio de una de las partes", en concordancia con el artículo 219 inciso 7 del mismo cuerpo legal. Con lo cual, se advierte que en esencia, el recurrente no describe la aplicación indebida de una norma sustantiva sino que discrepa de la forma en que la Sala Superior interpretó y valoró la escritura pública de compraventa del seis de agosto de mil novecientos noventa y nueve; asimismo, la Corte de Casación no puede realizar una revaloración de las pruebas actuadas por la instancia de mérito, lo contrario significaría contravenir los fines del recurso de casación contenidos en el artículo 384 del Código Procesal Civil; por tanto este extremo del recurso debe ser desestimado.

 

Sétimo.-

 

Octavo.- Que, en cuanto a la inaplicación de los artículos 1354, 1361, 1362 y 1529 del Código Civil, a partir de lo cual el recurrente alega que si bien se fijó y pactó en un dólar el precio de los inmuebles, el Banco verdaderamente pagó doscientos mil dólares por abono en cuenta que se encuentra acreditado, en consecuencia no se debió declarar la nulidad del contrato, debiendo respetarse el acuerdo entre las partes y ejecutarse de buena fe el mismo; sin embargo, de las conclusiones de la sentencia de vista se advierte que las normas citadas no resultan aplicables al caso concreto porque

 

 

 no resultando aplicables las normas alegadas por la recurrente, por consiguiente, este extremo del recurso debe ser desestimado. IV. DECISION: Estando a las consideraciones precedentes y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 397 del Código Procesal Civil, Declararon: INFUNDADO el recurso de casación interpuesto a fojas seiscientos sesenta y tres por la entidad demandada Banco Internacional del Perú —Sucursal Pucallpa; DISPUSIERON La publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano, bajo responsabilidad; en los seguidos por Cruz Belinda Iparraguirre Castillo y Ucayali Trading S.R.L con Banco Internacional del Perú — Sucursal Pucallpa, Marco Antonio Díaz Proaño y David Zevallos Ampudia sobre nulidad de acto jurídica e indemnización por daños y perjuicios; y los devolvieron; interviniendo como Ponente el Juez Supremo, señor Vinatea Medina.- SS. ALMENARA BRYSON, LEON RAMIREZ, VINATEA MEDINA, ALVAREZ LOPEZ, VALCARCEL SALDAÑA

1          Sentencia Tribunal Constitucional N° 03283-2007-PA/TC, Fundamento 3.

2 Sentencia Tribunal Constitucional N° 8125-2005 PHCITC Fundamento 11,

 Sentencia Tribunal Constitucional N° 7022-2006-PA/TC, Fundamento 8

3 DEVIS ECHANDIA, Herrando; Teoría General del Proceso, Torno II, pág. 533.

4 MONJE, María, Algunas consideraciones en torno al lease

CAS. N°

 

1. MATERIA DEL RECURSO: Se trata de recurso de casación interpuesto por el Banco de Crédito del Perú a fojas novecientos noventa, contra la resolución de vista de fojas novecientos setenta y ocho, su fecha treinta de enero de dos mil nueve, expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que confirma la apelada de fojas ochocientos veintitrés, su fecha cuatro de abril de dos mil siete, en el extremo que declara fundada la contradicción por la causal de inexigibilidad de la obligación al no tener la obligación el requisito de certeza para su ejecución; en consecuencia, inexigible respecto a los entonces menores de edad, Franklin Juan de Dios, Alfredo Rafael y Renzo Eduardo Jiménez Pimentel, del inmueble de su propiedad ubicado en la urbanización la Aurora con frente a la calle número siete, lote nueve, manzana "H", del Cercado de Arequipa.

 

2. FUNDAMENTOS  POR LOS CUALES HA SIDO DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO: Mediante resolución del veintidós de junio del año en curso, obrante a. fojas cuarenta del cuaderno de casación, se ha declarado la procedencia del recurso de casación por la causal de Contravención a las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, consistente en: i) Falta de coherencia en el  razonamiento al expedir el fallo; sustentado en que la Sala Superior a pesar en el considerando cuarto (parte final) el órgano revisor concluye de que la causal de inexigibilidad (como fundamento de contradicción) propuesto por los ejecutados no califica como causal de inexigibilidad, sin embargo al momento de resolver la causa, resulta declarando fundada la contradicción por la causal de inexigibilidad, lo que viola lo previsto en el artículo 139° inciso 5 de la Constitución Política. N) Violación del principio de congruencia procesal: consistente en que la Sala de mérito al emitir la resolución que absuelve el grado, incurre en error al declarar "fundada la contradicción por la causal de inexigibilidad de la obligación" sustentándola en argumentos ajenos a la "inexigibilidad" propiamente dicha como causal de contradicción; contraviniendo el

artículo 139° inciso 3 de la Constitución Política del Estado, así como el artículo 50° inciso 6, del Código Procesal Civil. in) Valoración errónea de una prueba; sustentado en que la afirmación errónea del Ad quem derivada de la apreciación de los medios probatorios (expedientes), en el sentido de que el solo inicio del proceso judicial de revocación de autorización judicial para hipotecar y la medida cautelar derivada de ella tendrían efecto jurídico respecto de la hipoteca constituida a favor del Banco accionante y de la obligación garantizada, vulnera lo previsto en el artículo 197° del Código Procesal Civil. iv) Negación al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva: pues, partiendo de un error de concepto respecto del contenido de la causal de inexigibilidad de la obligación establecido meridianamente en el artículo 722° del Código Adjetivo (antes de su modificatoria), la Sala Superior concluye que las obligaciones materia de cobro son inexigibles a los garantes hipotecarios, en razón de conceptos ajenos a la causal referida, dando como consecuencia la negación de tutela jurisdiccional, vulnerándose así lo previsto en el artículo 1 del Título Preliminar del Código Procesal Civil y además el artículo 139°, inciso 3, de la Constitución Política del Estado.

 

 

3. CONSIDERANDO:

 

Primero.- Que, la motivación de las resoluciones judiciales es un elemento del debido proceso y además constituye un principio y un derecho de la función jurisdiccional, consagrado en el artículo 139° inciso 5 de la Constitución Política del Perú, que ha sido recogido y desarrollado en el artículo 12° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como en los artículos 50° inciso 6 y 122° incisos 3 y 4 del Código Procesal Civil, por cuanto debe ser resultado del razonamiento jurídico que efectúa el Juzgador sobre la base de los hechos acreditados en el proceso (los que forman convicción sobre la verdad de ellos) y la aplicación del derecho objetivo; siendo que la infracción a este principio origina la nulidad de la resolución, conforme lo disponen las dos últimas normas procesales anotadas.

 

Segundo.- Que, la motivación de las resoluciones cumple esencialmente dos funciones: endoprocesal y extraprocesal. La primera, tiene lugar al interior del proceso, respecto de las partes, terceros legitimados y de los propios órganos jurisdiccionales; comprende las siguientes dimensiones:

a) tiene por función específica convencer y persuadir a las partes de la razonabilidad de los argumentos y la justicia de la decisión adoptada, tratando de eliminar la sensación que pudieran tener sobre la presunta arbitrariedad o irrazonabilidad de la decisión judicial; b) permite la viabilidad y efectividad de los medios impugnatorios, haciendo posible su análisis crítico y expresión de errores de hecho y de derecho, así como agravios, vía apelación o casación; y, c) permite el control por el órgano jurisdiccional superior, quien deberá establecer si se han cumplido con las normas imperativas que garantizan el derecho a un debido proceso, y particularmente, con el deber constitucional de la motivación adecuada y suficiente, verificando la razonabilidad de los argumentos fácticos y jurídicos que sustentan la decisión. La segunda función -extraprocesal-, tiene lugar en el ámbito externo del proceso y está dirigida al control del comportamiento funcional de los órganos jurisdiccionales; se expresa en las siguientes formas: a) haciendo accesible el control por la opinión pública sobre la función jurisdiccional, e través del principio de publicidad de los procesos, conforme al postulado contenido en el artículo 139°, inciso 20 de la Constitución Política, el cual prescribe que toda persona tiene derecho a formular análisis y críticas de las resoluciones y sentencias judiciales con las limitaciones de ley; y,

b) expresa la vinculación del Juez independiente a la Constitución y la ley, derivándose responsabilidades de carácter administrativo, civil y penal por el ejercicio irregular o arbitrario de su función.

 

Tercero.- Que, bajo ese contexto, debe prevalecer el principio de congruencia que constituye un postulado de lógica formal que debe imperar en todo orden de razonamiento, toda vez que el Juez debe decidir según las pretensiones deducidas en el juicio y en armonía con la relación jurídica procesal establecida, sin alterar ni modificar los aspectos esenciales de la materia controvertida, en esto se sustenta la garantía constitucional de este fundamento que impide al Juez fallar sobre puntos que no han sido objeto del litigio, tanto más si la litis fija los límites y los poderes del Juez; por ende, en virtud de dicho principio, las resoluciones judiciales deben expedirse de acuerdo con el sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes.

 

Cuarto.- Que, además, cabe acotar que mediante el control de logicidad este Supremo Tribunal puede examinar el razonamiento que realizaron los jueces inferiores para conocer si fue formalmente correcto desde el punto de vista lógico, esto es que en el fallo emitido se muestre el itinerario del razonamiento para que se pueda controlar (por las partes o por el juez superior) si el razonamiento ha sido correcto y ha observado las leyes del pensar. En tal sentido, de la resolución de vista recurrida se aprecia que la Sala Superior sostiene en su cuarto considerando que "los fundamentos de la contradicción no califican como causal de inexigibilidad, pero el A-quo en su juicio de los requisitos de procedibilidad generales puede tenerlos en cuenta"; seguidamente en el sexto considerando refiere que la "hipoteca constituida a favor del Banco demandante, como acto jurídico y documento, es perfectamente válido al reunir todos los requisitos y sólo puede extinguirse por las causales contempladas en la norma sustantiva", para luego concluir, en la parte decisoria de la resolución, que es "fundada la contradicción por la causal de inexigibilidad de la obligación al no contener la obligación el requisito de certeza"; por consiguiente, la motivación expresada por el órgano revisor incurre en una falta de coherencia lógica en su razonamiento que determine el fallo emitido, transgrediendo así el principio de motivación contenido en el artículo 139° inciso 5 de la Constitución.

 

Quinto.-Que, asimismo, en la resolución de vista se señala que "la obligación materia de ejecución adolece del requisito legal de certeza, el que debe ser verificado por los jueces a efectos de garantizar la tutela judicial efectiva"; y que de las pruebas actuadas se ha determinado que el Banco accionante tuvo conocimiento de la revocatoria de la autorización para gravar y disponer del inmueble de los menores antes del otorgamiento del crédito al demandado Franklin Juan Jiménez Neyra, los cuales fueron ejecutados en fechas posteriores a la revocatoria de la autorización; lo que determina la transgresión al principio de congruencia procesal denunciado, pues la Sala de vista ha sustentado su decisión en un argumento ajeno a la causal de inexigibilidad de la obligación, afectando con ello el derecho al debido proceso, previsto en el artículo 139° inciso 3 de la Constitución Política.

 

Sexto.- Que, tratándose de un proceso de ejecución de garantías cuya regulación se encuentra taxativamente desarrollada en el ordenamiento procesal civil, se considera que una obligación resulta inexigible cuando: a) por diversas razones el obligado deja de ser sujeto pasivo de la relación procesal; b) la obligación puesta a cobro no resulta reclamable por no haber vencido el plazo para su satisfacción; c) por no ser oponible en razón del territorio; y, d) porque la obligación no es requerible en razón de no haber presentado las condiciones básicas para extender su existencia real. Supuestos estos que no han sido examinados por la Sala Superior transgrediendo el principio de motivación consagrado en el artículo 139°, inciso 5, de la Constitución Política, concordante con el artículo 122°, inciso 3 del Código Procesal Civil.

 

Sétimo.-Que, en consecuencia, habiéndose determinado que la resolución recurrida ha sido emitida violando el deber de la debida motivación de las resoluciones judiciales que -como se ha indicado precedentemente-, constituye un mandato constitucional de ineludible cumplimiento por los juzgadores y que importa la obligatoria congruencia que debe existir entre la parte considerativa y la parte decisoria, esto es la logicidad de razonamiento jurídico respecto a los fundamentos fácticos y probatorios, en relación al fallo que pone fin a la controversia; lo expuesto resulta suficiente para amparar el recurso propuesto al haberse contravenido el derecho al debido proceso y con ello, a las normas constitucionales y procesales anotadas. 4. DECISION: Por estas consideraciones, de conformidad con el artículo 396°, inciso 2 apartado 2.1, del Código Procesal Civil: a) Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto a fojas novecientos noventa, por el Banco de Crédito del Perú; en consecuencia, NULA la sentencia de vista de fojas novecientos setenta y ocho, su fecha treinta de enero de dos mil nueve, expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. b) ORDENARON que la Sala Superior de origen expida nueva resolución con arreglo a ley. c) DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano, bajo responsabilidad; en los seguidos por el Banco de Crédito del Perú con Franklin Juan Jiménez Neyra, Mónica Pimentel Valdivia, Alfredo Rafael Jiménez Pimentel, Franklin Juan de Dios Jiménez Pimentel y Renzo Jiménez Pimentel sobre ejecución de garantías, y los devolvieron; intervino como Juez Supremo ponente el señor Almenara Bryson.- SS. ALMENARA BRYSON, CASTAÑEDA SERRANO, ARANDA RODRIGUEZ, ÁLVAREZ LÓPEZ

 

LOS FUNDAMENTOS DEL VOTO EN MINORIA DE LA SEÑORA JUEZ SUPREMO MAC RAE THAYS ES COMO SIGUE Y CONSIDERANDO: Primero.- Que, mediante escrito de fecha veintiuno de setiembre del dos mil uno, el Banco Santander Central Hispano Perú interpone demanda de ejecución de garantía hipotecaria contra Franklin Juan Jiménez Neyra, siendo la pretensión que interpone ante el órgano jurisdiccional, se ordene al ejecutado que cumpla con el pago de: i) ciento treinta y dos mil setecientos ochenta y cuatro nuevos soles; ii) mil novecientos veintiséis dólares americanos con noventa y cuatro centavos, y, iii) ocho mil cien nuevos soles con cero cuatro céntimos, sumas que corresponden a los tres estados de cuenta que adjunta a su demanda, más el pago de intereses, gastos de protesto y cobranza, costas y costos procesales. Segundo.- Que, la entidad demandante peticiona que en caso de incumplimiento del mandato se proceda a la ejecución de la garantía hipotecaria del inmueble ubicado en la calle siete, lote nueve de la manzana H de la Urbanización La Aurora del Cercado, provincia y departamento de Arequipa, inmueble de propiedad de Alfredo Rafael Jiménez Pimentel, Franklin Juan de Dios Jiménez Pimentel y Renzo Eduardo Jiménez Pimentel, hijos del ejecutado. Tercero.- Que, admitida a trámite la demanda sobre ejecución de garantías, Mónica Pimentel Valdivia a fojas ochenta y nueve —madre de los copropietarios del inmueble-formula contradicción al mandato ejecutivo alegando la inexigibilidad de la obligación y la nulidad formal del título. En ese mismo sentido, Brizalina Carrasco Álvarez curadora procesal de Franklin Juan de Dios Jiménez Pimentel y Renzo Eduardo Jiménez Pimentel a fojas ciento noventa y cinco contradice el mandato alegando la inexigibilidad de la obligación. Asimismo, a fojas trescientos cuarenta y uno Franklin Juan de Dios Jiménez Pimentel reitera la contradicción señalando la inexigibilidad de la obligación. Cuarto.-Que, tanto el Juez de Primera Instancia como el Colegiado de la Sala Superior resolvieron declarar y confirmar respectivamente, como fundada las contradicciones interpuestas por la causal de inexigibilidad de las obligaciones puestas a cobro por la entidad demandante. Quinto.- Que, el recurso casatorio interpuesto por el Banco de Crédito del Perú —sucesora procesal del Banco Santander Central Hispano Perú — ha sido declarado procedente por la causal referida a la contravención de las normas que garantizan el derecho al debido proceso, siendo que el recurrente denuncia que en la

resolución de vista de fecha treinta de enero del dos mil nueve se aprecia: i) una falta de coherencia en el razonamiento al expedir el fallo; ii) violación al principio de congruencia procesal; iii) valoración errónea de la prueba consistente en el proceso judicial de "revocación de autorización judicial para hipotecar" y su medida cautelar; iv) negación al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Sexto.- Que, respecto a la vulneración del principio de congruencia y a la valoración errónea de la prueba consistente en el proceso judicial de "revocación de autorización judicial para hipotecar" y su medida cautelar, cabe precisar que conforme al artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil, el Juez debe aplicar el derecho que corresponde al proceso aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente. Sin embargo, no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes. En ese orden de ideas, se advierte que los argumentos de la resolución de vista tienen sustento en los argumentos de defensa de las contradicciones formuladas en autos, y que la valoración que le da el Colegiado Superior a lo actuado en el proceso de revocatoria de autorización para gravar y enajenar, resulta acorde a lo previsto en el artículo 197 del Código Adjetivo. Sétimo.- Que, debe precisarse que el hecho de no estar de acuerdo con el fallo no implica una vulneración al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, toda vez que en el presente proceso, la accionante ha tenido la oportunidad de ejercer su derecho de acción defendiendo sus intereses conforme lo prevé el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil. Octavo.-Que, de la fundamentación de la resolución de vista de fojas novecientos setenta y ocho, la Sala Superior señala en su quinto considerando que la obligación materia de ejecución adolece del requisito legal de la certeza, lo cual infiere del hecho que el Banco ejecutante tuvo pleno conocimiento de la revocatoria de la autorización para gravar y disponer del bien inmueble (materia del proceso de ejecución de garantía) antes del otorgamiento de los créditos demandados. Noveno.- Que, estando a lo expuesto en la sentencia de vista, se aprecia una falta de coherencia lógica entre la fundamentación y la decisión adoptada, toda vez que la Sala Superior señala que los fundamentos de la contradicción no califican como causal de inexigibilidad y en la parte resolutiva indica que es fundada la contradicción por la causal de inexigibilidad de la obligación al no contener la obligación el requisito de certeza, con lo cual se determina la vulneración del artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política del Estado y del artículo 122 inciso 3 del Código Procesal Civil. Décimo.- Que, sin perjuicio de lo señalado en el considerando precedente, cabe señalar que el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, referido a las garantías judiciales señala que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías "dentro de un plazo razonable", derecho que resulta exigible en todo tipo de proceso, debido a que por imperio del artículo 55 de la Constitución Política del Estado, la Convención Americana sobre Derechos Humanos forma parte del derecho nacional. Décimo Primero.- Que, en ese orden de ideas, el Tribunal Constitucional en la Sentencia número 5291-2005-PHC/ TC sostiene que el derecho a un plazo razonable en la duración de los juicios constituye una de las manifestaciones del debido proceso reconocido por nuestra Constitución en los términos. Asimismo, en la Sentencia número 2662-2004-AA/TC señala que para determinar en un caso concreto si se violó o no el contenido constitucionalmente protegido del derecho al plazo razonable, se debe evaluar a partir del análisis de los siguientes criterios: a) la actividad procesal del interesado; b) la conducta de las autoridades judiciales, y c) la complejidad del asunto, los cuales fueron establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Genie Lacayo y Suárez Rosero al analizar el tema del plazo razonable del proceso. Décimo Segundo.- Que, del escrito de demanda de fojas cincuenta y cinco se aprecia que la presente demanda de ejecución de garantía se interpuso con fecha veintiuno de setiembre de dos mil uno, y mediante resolución de fecha nueve de octubre de dos mil uno se dictó el mandato de ejecución requiriendo el pago de la obligación al ejecutado. A fojas doscientos cincuenta y dos, obra el auto de primera instancia de fecha veintitrés de agosto de dos mil dos mediante la cual se declaró infundada la contradicción formulada, la misma que fue declarada nula por la Sala Civil de Arequipa mediante resolución de fecha veintiuno de enero de dos mil tres que obra a fojas trescientos dieciséis. Mediante un segundo auto de primera instancia de fecha nueve de setiembre de dos mil tres, obrante a fojas cuatrocientos cuarenta se declara improcedentes las contradicciones formuladas, siendo éste auto declarado nulo -y además la nulidad de todo lo actuado- por la Sala Superior mediante resolución de fecha veintitrés de mayo de dos mil cinco que obra a fojas seiscientos cuarenta y siete. Mediante un tercer auto de primera instancia, su fecha cuatro de abril de dos mil siete se declara fundada la contradicción por la causal de inexigibilidad de la obligación; decisión que es confirmada por la Sala Superior mediante auto de vista de fecha seis de noviembre del dos mil siete. Mediante Casación 233-2008, de fecha tres de julio de dos mil ocho, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República declaró fundado el recurso de casación interpuesto, declarando nula el auto de vista de fojas novecientos catorce y ordenando que se expida nuevo fallo. En atención a dicho mandato, la Sala Superior mediante resolución de fojas novecientos setenta y ocho, de fecha treinta de enero de dos mil nueve confirma el auto sentencia de primera instancia de fojas ochocientos veintitrés y declaró fundada la contradicción por causal de inexigibilidad de la obligación; sentencia de vista que es materia del presente recurso de casación. Décimo Tercero.- Que, a fojas novecientos noventa obra el recurso de casación interpuesto

por el Banco de Crédito del Perú, el mismo que fuera declarado procedente mediante auto calificatorio de fecha veintidós de junio de dos mil nueve que obra a fojas cuarenta del cuadernillo de casación acompañado, de lo cual se puede apreciar que es la segunda oportunidad que los presentes actuados son elevados a esta Sala Suprema, siendo la segunda vez que se denuncia que lo resuelto por la Sala Superior contraviene las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, por lo que de declararse fundado el recurso de casación interpuesto, correspondería se ordene que el órgano jurisdiccional inferior expida un nuevo fallo. Décimo  Cuarto.- Se advierte que el presente proceso ha sido incoado ante el órgano jurisdiccional con fecha veintiuno de setiembre de dos mil uno, iniciado a trámite hace casi nueve años -conforme se aprecia de la resolución de fojas sesenta y uno-, razones por las que se debe tener en cuenta lo expuesto respecto del plazo razonable en el que se deben de resolver los procesos judiciales, y, en consideración que conforme a lo previsto en el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil, el Juez debe atender a que la finalidad concreta del proceso es resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica, haciendo efectivos los derechos sustanciales, contexto dentro del cual debe ser examinados los fundamentos del recurso de casación a fin de no seguir alargando innecesariamente el proceso. Décimo Quinto.- Que, a efectos de merituar adecuadamente las denuncias invocadas por la entidad recurrente, es menester precisar algunos hechos establecidos por las instancias de mérito: a) mediante sentencia de fecha siete de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, recaída en el expediente 49-95 seguido por ante el Primer Juzgado del Niño y Adolescente de Arequipa, se autoriza judicialmente a Franklin Juan Jiménez Neyra a gravar con hipoteca el inmueble ubicado en la Urbanización Aurora Manzana H Lote nueve del distrito del Cercado de Arequipa, inmueble de propiedad de Alfredo Rafael Jiménez Pimentel, Franklin Juan de Dios Jiménez Pimentel y Renzo Eduardo Jiménez Pimentel; b) mediante escritura pública de fecha ocho de marzo de mil novecientos noventa y sies, Franklin Juan Jiménez Neyra constituye hipoteca a favor del Banco del Sur del Perú, conforme se aprecia de la Ficha 1926-A; c) con fecha treinta de enero de mil novecientos noventa y siete, Mónica Gloria Pimentel valdivia madre de Alfredo Rafael Jiménez Pimentel, Franklin Juan de Dios Jiménez Pimentel y Renzo Eduardo Jiménez Pimentel (propietarios del inmueble) interpone demanda de revocación de autorización para gravar y enajenar el, inmueble; d) con fecha doce de noviembre de mil novecientos noventa y siete, se inscribe en la Ficha 1926-A (correspondiente al inmueble sub. litis) una medida cautelar de anotación de. demanda de revocatoria de autorización judicial para gravar y enajenar el inmueble; e) mediante carta notarial recepcionada con fecha veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, se pone en conocimiento del Banco del Sur del Perú la sentencia de fecha veintiséis de junio de mil novecientos noventa y ocho, por la cual se revoca la  autorización para gravar y enajena que fuera otorgada a favor de Franklin Juan Jiménez Neyra; f) con fecha veintiuno de setiembre de dos mil uno, se interpone la presente demanda en la cual se pretende que Franklin Juan Jiménez Neyra cumpla con el pago de ciento treinta y dos mil setecientos ochenta y cuatro nuevos soles; mil novecientos veintiséis dólares americanos con noventa y cuatro centavos, y, ocho mil cien nuevos soles con cero cuatro céntimos, sumas que la demandante señala corresponden a los tres estados de cuenta que adjunta a su demanda, como sustento de tales obligaciones acompaña: f.1. Un pagaré por la suma de ochenta mil nuevos soles con fecha de emisión el veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y ocho y con vencimiento diecinueve de junio de mil novecientos noventa y nueve; f.2. Una letra de cambio de fecha veintidós de diciembre de mil novecientos noventa y nueve por la suma de siete mil cuatrocientos ochenta y cuatro nuevos soles con setenta y nueve céntimos; f.3. Una letra de cambio de fecha veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y nueve por la suma de mil setecientos noventa y nueve dólares americanos con ochenta y nueve centavos. Décimo Sexto.- Que, de lo expuesto en el considerando precedente se advierte con meridiana claridad que a la fecha en que se efectuó los desembolsos a favor del ejecutado -los cuales son materia de cobro en el presente proceso de ejecución de garantía-, el Banco del Sur del Perú tuvo pleno conocimiento de la revocatoria de autorización para gravar el inmueble ubicado en la Urbanización Aurora Manzana H Lote nueve del distrito del Cercado de Arequipa, inmueble que es de propiedad de los entonces menores de edad Alfredo Rafael Jiménez Pimentel, Franklin Juan de Dios Jiménez Pimentel y Renzo Eduardo Jiménez Pimentel, pues ello fue puesto en su conocimiento con fecha veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, siendo ello así, los desembolsos efectuados por el Banco garantizados por una hipoteca sábana denotan un actuar cuando menos arbitrario por parte de la entidad demandante, por lo que considerar el hecho que dichas obligaciones se encuentran garantizadas por el inmueble sub litis significaría amparar un ejercicio abusivo del derecho por parte de la entidad demandante. Siendo ello así, no puede estimarse la pretensión incoada, correspondiendo por ende, amparar las contradicciones formuladas en autos. Décimo Sétimo.- Que, si bien se ha determinado la vulneración del artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política del Estado y del artículo 122 inciso 3 del Código Procesal Civil, y que por ello correspondería que la Sala Suprema declare la nulidad de la sentencia de vista, empero, consideró que ello no determina que se deba declarar fundado el presente recurso de casación, pues conforme se expone en los considerandos precedente, considero

que no debe variar la decisión adoptada, siendo de aplicación lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 397 del Código Adjetivo, que prevé que la Sala Suprema no casará la sentencia por el sólo hecho de estar erróneamente motivada, si su parte resolutiva se ajusta a derecho, no habiendo lugar entonces a casar la sentencia de vista, sino, por el contrario, a desestimar el recurso de conformidad con el artículo 397 del Código Procesal Civil. Por lo que Mi VOTO es que se declare INFUNDADO el recurso de casación interpuesto a fojas novecientos noventa por el Banco de Crédito del Perú,

Sumilla: “…en el caso de autos, en la sentencia de vista no se ha razonado con criterio jurídico al desestimar la demanda y declarar fundada la reconvención, omitiendo apreciar el acuerdo contenido en el contrato de compra venta y en el documento de cláusulas adicionales, la entrega de la parcela N° 182, la posesión del mismo bien por parte de la demandada con fecha cuatro de abril del año dos mil dos, tal y conforme consta en el acta de fojas cuarenta, así como la desposesión de ésta ocurrida el día treinta del mismo mes y año, y aplicar así las normas legales que correspondan…”

 

 “…es de concluir que se ha contravenido el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, concordante con el inciso 3 del artículo 122 del Código Procesal Civil, que establecen la obligación del Juzgador de motivar las resoluciones judiciales, incurriéndose en causal de nulidad prevista en el artículo 171 del Código Procesal Civil, careciendo de objeto pronunciarse sobre las infracciones relativas a normas sustantivas. 4.- DECISION: A) Declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto a fojas,seiscientos sesentiséis, por doña María Castro Lagos, representada por don Moisés Alejandro Lazo Castro y doña Antidia Aurelia Rodríguez Castro; en consecuencia, NULA la resolución de vista…”

 

1.- MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por doña Maria Castro Lagos, representada por don Moisés Alejandro Lazo Castro y doña Antidia Aurelia Rodriguez Castro, contra la sentencia de vista de fojas seiscientos treintitrés, del seis de noviembre del dos mil ocho, expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que confirmando la apelada de fojas quinientos cuarenticinco, su fecha siete de abril .del mismo año, declara en un extremo infundada la demanda de resolución de contrato y pago de indemnización formulada por don Alejandro Matías Lazo Isaías y doña Maria Castro Lagos: y en el otro, fundada en parte la reconvención interpuesta por la empresa AHERRSA CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA, y en consecuencia le ordena a los demandantes cumplan con el contrato de compra venta de fecha diecisiete de agosto del dos mil uno.

 

 

2.- FUNDAMENTOS POR LOS CUALES  SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO: Mediante resolución suprema de fecha catorce de setiembre del dos mil nueve, se declaró PROCEDENTE el recurso por los siguientes extremos: a) La interpretación errónea de los artículos 76 y 167 del Código Civil, así como del artículo 188 de la Ley General de

Sociedades, argumentando que al expedirse la impugnada no se tuvo en consideración que la empresa AHERRSA CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA, no tenía representación suficiente para reconvenir y contestar la demanda, en razón a que su Gerente General don Alfredo Hernández Cabrera no contaba con tales facultades especiales. b) La inaplicación de los artículos 1371 y 1426 del Código Civil, ya que en el octavo motivo de la recurrida, lejos de tutelar la paridad entre las partes y, en virtud a ello resolver el contrato, opta por mantener el desequilibrio contractual existente, derivado de la desigual ejecución del contrato sub materia; agregando que no es entendible que a partir de lo establecido en el artículo 1426 del Código Civil, sólo se exija el cumplimiento de las prestaciones a la parte demandante, sin que previamente se garantice el cumplimiento de las prestaciones de la demandada; y c) La contravención de la normas que garantizan el derecho a un debido proceso, señalando que cuestiona el décimo cuarto y décimo sexto considerando de la sentencia de vista, alegando que la Sala no hace mención que por la tercera cláusula de la minuta de compra venta, el comprador se obligaba a pagar a su firma la suma de dos mil dólares americanos y otros tres mil dólares a la suscripción de la escritura pública; sin embargo, ambas prestaciones nunca fueron cumplidas; añade que la Sala ignoró completamente que la demandada maliciosamente nunca firmó la escritura pública con el objeto de evitar la hipoteca legal; y por último que la resolución impugnada tampoco se pronuncia respecto del desequilibrio contractual existente y que hace imposible la continuidad de la relación contractual, lo cual evidencia la falta de motivación o motivación aparente de la recurrida.

 

 

3.-CONSIDERANDO:

 

Primero: Que, es necesario examinar en primer término la causal prevista en el inciso 3 del artículo 386 del Código Procesal Civil, porque de existir contravención a las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, no cabe emitir pronunciamiento sobre el fondo de la materia controvertida.

 

Segundo: Que, los demandantes por escrito de fojas trece, demandan como pretensión principal, la resolución del contrato de compra venta celebrado el diecisiete de agosto del dos mil uno, argumentando que la demandada en forma temeraria y abusiva, ha dejado de cumplir el cronograma de pagos establecido, y en forma fraccionada sólo ha pagado trece mil dólares americanos; y como pretensión accesoria demanda una indemnización por concepto de daños y perjuicios.

 

Tercero: Que, la demandada por escrito de fojas ciento seis, contesta la demanda, y propone en vía reconvencional el cumplimiento de la ejecución integral del contrato de compra venta, así como el pago de una indemnización.

 

Cuarto: Que, las sentencias de mérito han declarado infundada la demanda de resolución de contrato, y fundada la reconvención sobre cumplimiento de ejecución integral del contrato.

 

Quinto: Que la recurrente cuestiona los considerandos décimo cuarto y décimo sexto de la sentencia de vista, argumentando que no se ha hecho mención de la tercera cláusula del contrato de compra venta, en donde el comprador se obligaba a pagar a la firma de la minuta, la suma de dos mil dólares americanos, y tres mil dólares americanos más a la suscripción de la escritura pública, documento que no fue firmado por la demandada con el objeto de evitar la hipoteca legal, así como tampoco se ha pronunciado la impugnada sobre el desequilibrio existente.

 

Sexto: Que el artículo 1426 del Código Civil, en que se sustenta la recurrida, establece que los contratos que se celebran deben cumplirse, empero se dan casos excepcionales como el que sanciona este precepto y que autoriza a suspender sus efectos, con la finalidad de presionar la satisfacción de la prestación pendiente.

 

Sétimo: Que, sin embargo, en el caso de autos, en la sentencia de vista no se ha razonado con criterio jurídico al desestimar la demanda y declarar fundada la reconvención, omitiendo apreciar el acuerdo contenido en el contrato de compra venta y en el documento de cláusulas adicionales, la entrega de la parcela N° 182, la posesión del mismo bien por parte de la demandada con fecha cuatro de abril del año dos mil dos, tal y conforme consta en el acta de fojas cuarenta, así como la desposesión de ésta ocurrida el día treinta del mismo mes y año, y aplicar así las normas legales que correspondan.

 

Octavo: Que, en consecuencia, es de concluir que se ha contravenido el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, concordante con el inciso 3 del artículo 122 del Código Procesal Civil, que establecen la obligación del Juzgador de motivar las resoluciones judiciales, incurriéndose en causal de nulidad prevista en el artículo 171 del Código Procesal Civil, careciendo de objeto pronunciarse sobre las infracciones relativas a normas sustantivas. 4.- DECISION: A) Declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto a fojas,seiscientos sesentiséis, por doña María Castro Lagos, representada por don Moisés Alejandro Lazo Castro y doña Antidia Aurelia Rodríguez Castro; en consecuencia, NULA la resolución de vista de fojas seiscientos treintitrés, su fecha seis de noviembre del dos mil ocho. B) ORDENARON que la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima emita nueva resolución con arreglo a los lineamientos expuestos precedentemente.

 

Nulidad del acto jurídico de sustitución del régimen patrimonial.

Sumilla: “…la Sala Superior revocó el fallo en los extremos que declaraba fundada en parte la demanda de nulidad de acto jurídico por la causal de fin ilícito e infundada la demanda por la causal de inobservancia de la forma prevista, con lo demás que contiene, y reformándola declaró improcedente la demanda …”

 

 “…la recurrente denuncia que: La sentencia de vista sostiene que el petitum de la demanda se circunscribe a la declaración de nulidad del acto jurídico de sustitución del régimen patrimonial, pero que la causa petitum expresada como sustento de las causales de fin ilícito e inobservancia de la forma prescrita está referida al acto jurídico de liquidación de la sociedad de gananciales, resultando ser dos actos jurídicos distintos; sin embargo, esta interpretación no resulta aplicable en el presente caso, pues tanto la sustitución de régimen patrimonial como la liquidación de la sociedad de gananciales constituyen un solo acto jurídico …”

 

 “…como puede advertirse, la liquidación de los bienes gananciales no constituye un proceso independiente, sino que es consecuencia inmediata y necesaria de la decisión de sustituir un régimen patrimonial por otro. En tal sentido, resulta claro que la sentencia de vista ha infringido los alcances del articulo doscientos noventa y ocho del Código Civil, cuando considera que el cuestionamiento al proceso de liquidación de los bienes gananciales no alcanza al acto jurídico de sustitución de régimen patrimonial, por ser independiente, cuando en realidad la citada liquidación constituye parte del mismo, al ser un requisito esencial y necesario para pasar del régimen de sociedad de gananciales al régimen de separación de bienes. Por ello, cuando la impugnante, al sustentar la demanda de nulidad del acto jurídico de sustitución de régimen patrimonial, expone hechos que guardan relación con el proceso de inventario y liquidación de los bienes gananciales, no incurre en la causal de improcedencia prevista en el artículo cuatrocientos veintisiete inciso quinto del Código Procesal Civil; razón por la cual este extremo del recurso de casación merece ser amparado…”

 

 “…al expedir sentencia en primera instancia, el juez de la causa declara fundada en parte la demanda interpuesta y, en consecuencia, nulo el acto jurídico de sustitución de régimen patrimonial -únicamente por la causal de fin ilícito-, y nulos los asientos registrales en los que consta su inscripción, e infundada la pretensión indemnizatoria, por cuanto: I) Con respecto a la causal de fin ilícito, si bien está acreditado que el demandado mantenía una deuda alimentaria, también está probado que dicha deuda ha sido cubierta, por lo que en este extremo no se evidencia el fin ilícito; sin embargo, los dos inmuebles adjudicados al codemandado Antonio Nakazaki Nakayho son por un valor mucho menor que del único inmueble adjudicado a su cónyuge, a lo que se agrega que uno de los inmuebles adjudicados al codemandado ya había sido transferido antes de la sustitución del régimen patrimonial, por lo que se concluye que la distribución de los bienes resulta desproporcional y configura una finalidad ilícita, que es la de evitar que los hijos del codemandado Antonio Nakazaki Nakayho puedan acceder en su oportunidad a los bienes que por ley y equidad le corresponden; ii) En cuanto al incumplimiento de la forma prescrita por ley, se advierte que el acto jurídico de sustitución de régimen patrimonial ha cumplido plenamente con la formalidad dé elevarse a escritura pública e inscribirse en los Registros Públicos, conforme lo exige el artículo doscientos noventa y seis del Código Civil; iii) Con respecto a la simulación absoluta, se tiene que dicha causal es desvirtuada, ya que debe probarse que existe disconformidad entre la voluntad real de los cónyuges demandados y la declaración efectuada en la constitución del acto jurídico; siendo que en el caso de autos se advierte la existencia de actos posteriores a su celebración que no hacen más que comprobar la voluntad de los cónyuges demandados de cambiar su régimen patrimonial…”

MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por Lucía Herminia Nakazaki Simbrón mediante escrito obrante a fojas mil seiscientos cincuenta y siete del expediente principal, contra la sentencia de vista emitida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura, obrante a fojas mil quinientos noventa y seis, su fecha tres de mayo del año dos mil diez, que revoca la sentencia apelada obrante a fojas mil trescientos treinta y cuatro en los extremos que declaró fundada en parte la demanda de nulidad de acto jurídico por la causal dé fin ilícito, e infundada la demanda de nulidad de acto jurídico por la causal de inobservancia de la forma prescrita; y reformándola, declararon improcedente la citada demanda, así como sus pretensiones accesorias de nulidad de asientos registrales e indemnización, confirmándola en lo demás que contiene.

 FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Que, el recurso de casación fue declarado procedente por resolución de fecha veinticuatro de mayo del año dos mil once, por la causal de Infracción normativa prevista en el artículo trescientos ochenta y seis del Código Procesal Civil, en virtud de lo cual la recurrente denuncia que: La sentencia de vista sostiene que el petitum de la demanda se circunscribe a la declaración de nulidad del acto jurídico de sustitución del régimen patrimonial, pero que la causa petitum expresada como sustento de las causales de fin ilícito e inobservancia de la forma prescrita está referida al acto jurídico de liquidación de la sociedad de gananciales, resultando ser dos actos jurídicos distintos; sin embargo, esta interpretación no resulta aplicable en el presente caso, pues tanto la sustitución de régimen patrimonial como la liquidación de la sociedad de gananciales constituyen un solo acto jurídico, y únicamente pueden considerarse como actos independientes cuando son producto de una decisión judicial, en el que necesariamente se requiere de un acto para proceder con otro, como ocurre en los casos de divorcio, declaración de muerte presunta o ausencia. En autos la sustitución del régimen patrimonial se ha realizado de común acuerdo, lo cual faculta a que la separación de bienes se realice en el mismo acto, tal como lo autoriza el artículo trescientos diecinueve del Código Civil, y como resulta de la interpretación sistemática del mismo acto jurídico, establecida por el artículo ciento sesenta y nueve del Código Civil; por tanto, la liquidación —que en otro supuesto puede considerarse como un acto distinto—, en el caso concreto, resulta ser parte de un todo, que es el acto jurídico de sustitución de régimen patrimonial, razón por la cual se ha demandado la nulidad de dicho acto. Tampoco se han tomado en cuenta otras normas materiales, como el artículo ciento cuarenta y tres del Código Civil, pues, para la liquidación no se exige ningún tipo de formalidad, y es por ello que los demandados han decidido incorporar y conjugar ambos actos en uno solo; e igualmente el artículo doscientos noventa y ocho del Código Civil, conforme al cual la variación del régimen patrimonial constituye la "causa” y su liquidación se presenta como la consecuencia o "efecto" de dicho acto, siendo que nuestra legislación, ante la existencia de bienes sociales, no concibe variación de régimen sin su liquidación respectiva y viceversa; y,

 CONSIDERANDO:  

Primero.- Que, conforme aparece de la revisión de actuados, Carlos Antonio y Lucía Herminia Nakazaki Simbrón interponen demanda para efectos que se declare la nulidad del acto jurídico de sustitución de régimen patrimonial celebrado por la sociedad conyugal conformada por Antonio Nakazaki Nakayho y Carmela Lao Cheng, contenido en la Escritura Pública de fecha tres de setiembre del año dos mil siete; y acumulativamente, la nulidad del Asiento Registral número A cero cero cero uno de la Partida Registral número uno uno cero siete cero cuatro ocho cinco del Registro Personal, y del Asiento número C cero cero cero uno dos de la Partida Registral cero cero cero dos uno cinco dos cero del Registro de la Propiedad Inmueble de la Oficina Registral de Piura, así como el pago de una indemnización de daños y perjuicios. Sostienen que cada uno de los recurrentes siguió contra su padre, Antonio Nakazaki Nakayho, sendos procesos de alimentos -Expedientes número mil novecientos' veinticuatro — dos mil cinco y mil novecientos trece — dos mil cinco- ante el Cuarto Juzgado de Paz Letrado de la Corte Superior de Justicia de Piura, y no obstante encontrarse pendientes de cancelación las liquidaciones por las pensiones impagas, con fecha tres de setiembre del año dos mil siete su indicado padre y su esposa, Carmela Lao Cheng, suscribieron el acto jurídico de sustitución de régimen patrimonial, el mismo que sin embargo se encuentra incurso en las causales de nulidad previstos en el artículo doscientos diecinueve incisos cuarto, quinto y sexto del Código Civil por perseguir un fin ilícito, estar afectado por simulación absoluta, no revestir la forma prescrita por ley bajo sanción de nulidad. Agrega que en la cláusula cuarta en el que se señala que las partes declaran a la fecha haber cumplido cancelar la totalidad de las obligaciones sociales es una falacia, pues no se había cumplido con el pago de los alimentos que ascendían a diecinueve mil doscientos cuarenta nuevos soles -S/.19,240.00-, siendo que el artículo trescientos dieciséis inciso segundo del Código Civil, establece que los alimentos constituyen carga de la sociedad de gananciales, de lo que se concluye que el acto jurídico fue celebrado con la finalidad de eludir el cumplimiento de esta obligación. En cuanto a la inobservancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad, se advierte que la sustitución del régimen patrimonial requiere de la formación del inventario valorizado y luego el pago de las obligaciones y cargas sociales antes de la distribución de los bienes, de conformidad con el artículo trescientos veintidós del Código Civil, lo que no se ha realizado, además de que el artículo trescientos veintitrés del mismo cuerpo normativo exige que la división de los gananciales es por mitad entre ambos cónyuges, y sin embargo en la tercera cláusula se realiza una distribución de bienes que no resulta proporcional, ya que el inmueble adjudicado a la señora Carmela Lao Cheng resulta ser de mayor valor que los otros, dos inmuebles adjudicados a su codemandado Antonio Nakazaki Nakayho. Finalmente, en cuanto a la causal de simulación absoluta, sostienen que el acto jurídico de sustitución de régimen patrimonial perjudica los derechos sucesorios que eventualmente podrían ejercer; razones por las cuales además solicitan el pago de una indemnización por los conceptos de daño moral y lucro cesante, cuyo monto deberá ser fijado por el juzgador.

 Segundo.- Que, al expedir sentencia en primera instancia, el juez de la causa declara fundada en parte la demanda interpuesta y, en consecuencia, nulo el acto jurídico de sustitución de régimen patrimonial -únicamente por la causal de fin ilícito-, y nulos los asientos registrales en los que consta su inscripción, e infundada la pretensión indemnizatoria, por cuanto: I) Con respecto a la causal de fin ilícito, si bien está acreditado que el demandado mantenía una deuda alimentaria, también está probado que dicha deuda ha sido cubierta, por lo que en este extremo no se evidencia el fin ilícito; sin embargo, los dos inmuebles adjudicados al codemandado Antonio Nakazaki Nakayho son por un valor mucho menor que del único inmueble adjudicado a su cónyuge, a lo que se agrega que uno de los inmuebles adjudicados al codemandado ya había sido transferido antes de la sustitución del régimen patrimonial, por lo que se concluye que la distribución de los bienes resulta desproporcional y configura una finalidad ilícita, que es la de evitar que los hijos del codemandado Antonio Nakazaki Nakayho puedan acceder en su oportunidad a los bienes que por ley y equidad le corresponden; ii) En cuanto al incumplimiento de la forma prescrita por ley, se advierte que el acto jurídico de sustitución de régimen patrimonial ha cumplido plenamente con la formalidad dé elevarse a escritura pública e inscribirse en los Registros Públicos, conforme lo exige el artículo doscientos noventa y seis del Código Civil; iii) Con respecto a la simulación absoluta, se tiene que dicha causal es desvirtuada, ya que debe probarse que existe disconformidad entre la voluntad real de los cónyuges demandados y la declaración efectuada en la constitución del acto jurídico; siendo que en el caso de autos se advierte la existencia de actos posteriores a su celebración que no hacen más que comprobar la voluntad de los cónyuges demandados de cambiar su régimen patrimonial.

 Tercero.- Que, sin embargo, apelada que fuera esta decisión, la Sala Superior revocó el fallo en los extremos que declaraba fundada en parte la demanda de nulidad de acto jurídico por la causal de fin ilícito e infundada la demanda por la causal de inobservancia de la forma prevista, con lo demás que contiene, y reformándola declaró improcedente la demanda en ambos extremos, confirmándola en lo demás que contiene, por cuanto: i) La Escritura Pública de sustitución de régimen patrimonial contiene dos actos: La sustitución del régimen de sociedad de gananciales por el de separación de patrimonios, y la liquidación del patrimonio conyugal. El petitum de la demanda se circunscribe a la declaración de nulidad del primer acto -sustitución del régimen patrimonial-, sin embargo, los hechos expresados en la demanda, tanto como sustento de la nulidad por fin ilícito como de inobservancia de la forma prescrita están referidos al segundo acto jurídico; es decir, inciden en la liquidación del régimen patrimonial, y no en la estructura del acto jurídico de sustitución del régimen de sociedad de gananciales, más aún si en el fundamento que sirve de base para declarar fundada la demanda de nulidad por la causal de fin ilícito se sustenta en una presunta desproporcionalidad en la liquidación de los bienes sociales; ii) En cuanto a la causal de simulación absoluta, aquella no ha sido probada, pues no se acredita que el acto jurídico de sustitución de régimen patrimonial sea un acto aparente, y por el contrario, se evidencian actos de disposición del codemandado Antonio Nakazaki Nakayho en beneficio incluso del codemandante Carlos Antonio Nakazaki Simbrón, por lo que este extremo debe confirmarse.

 Cuarto.- Que, al denunciar la causal de infracción normativa, que incide en normas de carácter material, la recurrente sostiene básicamente que el acto jurídico contenido en la Escritura Pública de sustitución de régimen patrimonial no contiene dos actos jurídicos distintos, sino uno solo, toda vez que no estamos ante dos actos independientes sino que necesariamente se requiere de uno para que el otro exista. Al respecto, se debe tener en cuenta que el régimen patrimonial de sociedad de gananciales —entendido como la comunidad de bienes que surge a consecuencia del matrimonio civil— llega a su fin por medió de causas taxativamente previstas en la ley material, entre otras, por cambio de régimen patrimonial tal como se refiere en el artículo trescientos dieciocho inciso sexto del Código Civil, lo que se da a través de la Sustitución del Régimen de Sociedad de Gananciales por el de Separación de Patrimonios, sea por acuerdo libre y voluntario de los cónyuges o mediante decisión judicial. En tránsito del estado de indivisión de los bienes -sociedad de gananciales- al de su separación efectiva en porcentajes iguales para cada uno de los cónyuges -separación de patrimonios- pasa necesariamente por su liquidación formal; en otras palabras, no basta la sola declaración de los cónyuges de expresar su voluntad de variar el régimen patrimonial que rige su matrimonio civil, sino que tal variación sólo podrá concretarse y hacerse efectiva mediante la adopción de determinados pasos definidos expresamente por la ley. El articulo doscientos noventa y ocho del Código Civil es claro al establecer que: "Al terminar la vigencia de un régimen patrimonial se procederá necesariamente a su liquidación" -el resaltado es nuestro-, enunciado que evidencia el requerimiento expreso de la liquidación formal del régimen anterior para ingresar al nuevo. Max Arias-Schreiber Pezet ha referido al respecto que: "Como consecuencia del ejercicio del derecho de sustitución, el régimen patrimonial sustituido debe ser liquidado a fin de determinar el patrimonio personal que cada cónyuge lleva al nuevo régimen económico" -Exégesis del Código Civil Peruano de mil novecientos ochenta y cuatro; Tomo Siete, Derecho de Familia. Gaceta Jurídica, Lima, mil novecientos noventa y siete; página doscientos catorce-. Agrega el citado autor que: "(...) el fenecimiento tiene la finalidad doble de poner fin a la sociedad de gananciales y de repartir sus ganancias, si las hubiere, después de deducidas las cargas y deudas sociales, creando un estado de indivisión en el patrimonio social (...). La idea es mantener inalterables los bienes, tal cual son al momento del fenecimiento, para, después del trámite de la liquidación, partir los mismos bienes que habrá en aquél momento. De esta manera se protegen los intereses de los cónyuges y de los terceros, quienes incluso podrán solicitar la partición."-Ob. Cit.; página ciento noventa y ocho-. La liquidación exige determinadas operaciones, como son: Inventario del patrimonio compuesto por su activo y pasivo -que incluye tanto los bienes propios como los gananciales-, pago de las cargas y deudas sociales, entrega a cada cónyuge de los bienes propios que quedaran, y división y adjudicación a título de gananciales, por igual, del haber partible entre los cónyuges, tal como se detalla claramente en los artículos trescientos veinte, trescientos veintidós y trescientos veintitrés del Código Civil.

 Quinto.- Que, como puede advertirse, la liquidación de los bienes gananciales no constituye un proceso independiente, sino que es consecuencia inmediata y necesaria de la decisión de sustituir un régimen patrimonial por otro. En tal sentido, resulta claro que la sentencia de vista ha infringido los alcances del articulo doscientos noventa y ocho del Código Civil, cuando considera que el cuestionamiento al proceso de liquidación de los bienes gananciales no alcanza al acto jurídico de sustitución de régimen patrimonial, por ser independiente, cuando en realidad la citada liquidación constituye parte del mismo, al ser un requisito esencial y necesario para pasar del régimen de sociedad de gananciales al régimen de separación de bienes. Por ello, cuando la impugnante, al sustentar la demanda de nulidad del acto jurídico de sustitución de régimen patrimonial, expone hechos que guardan relación con el proceso de inventario y liquidación de los bienes gananciales, no incurre en la causal de improcedencia prevista en el artículo cuatrocientos veintisiete inciso quinto del Código Procesal Civil; razón por la cual este extremo del recurso de casación merece ser amparado.

 Sexto.- Que, en cuanto a la infracción de la norma contenida en el artículo ciento cuarenta y tres del Código Civil, se advierte que aquella no se configura, toda vez que el pronunciamiento inhibitorio de la sentencia de vista no se circunscribe al análisis de la formalidad del acto, sino a la determinación de la existencia de actos independientes, no debiendo confundirse al acto con el documento que sirve para probarlo. De otro lado, con respecto a la infracción de la norma contenida en el artículo ciento sesenta y nueve del Código Civil, no se advierte que sea necesaria su aplicación en el caso concreto, desde que la conclusión arribada por esta Sala Suprema respecto a la existencia de un solo acto jurídico en la Escritura Pública de sustitución de régimen patrimonial —y no de dos actos independientes— parte del análisis doctrinario de esta institución, y no del estudio interpretativo de las cláusulas que integran la citada Escritura Pública, por lo que este extremo tampoco resulta atendible. Finalmente, con respecto a la infracción de la norma contenida en el artículo trescientos diecinueve del Código Civil, es de apreciarse en autos que no se encuentra en debate la fecha a partir de la cual se considera que el régimen patrimonial de sociedad de gananciales ha fenecido, por lo que la cita de este artículo es impertinente para la solución del problema sub litis.

 Sétimo.- Que, si bien es cierto que en aplicación de lo normado en el primer párrafo del artículo trescientos ochenta y seis del Código Procesal Civil, el amparo de la causal de infracción de una norma de derecho material da lugar a que este Supremo Tribunal proceda a resolver el conflicto de intereses, interviniendo como sede de instancia, sin embargo, a fin de salvaguardar el derecho a la instancia plural de las partes, y atendiendo a que la sentencia de vista contiene un fallo inhibitorio, resulta necesario devolver la causa a la Sala Superior en calidad de reenvío, para que ésta proceda a emitir nueva sentencia, valorando los medios probatorios aportados por las partes y pronunciándose sobre el fondo de la materia controvertida, por lo que debe procederse en aplicación excepcional de lo normado en el inciso primero del artículo trescientos noventa y seis del Código Procesal Civil. En

consecuencia, declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Lucía Herminia Nakazaki Simbrón, mediante escrito obrante a fojas mil seiscientos cincuenta y siete del expediente principal; CASARON la sentencia de vista obrante a fojas mil quinientos noventa y seis del mismo expediente, su fecha tres de mayo del año dos mil diez; en consecuencia declararon NULA la misma, y en calidad de reenvío, MANDARON que la Sala Superior emita nuevo fallo, conforme 9 a lo actuado y a derecho; DISPUSIERON la publicación de la  presente resolución en el Diario Oficial El Peruano, bajo responsabilidad; en los seguidos por Carlos Antonio Nakazaki Simbrón y otras contra Antonio Nakazaki Nakayho y otros, sobre Nulidad de Acto Jurídico y otros; y los devolvieron. Ponente Señor Ticona Postigo, Juez Supremo.- SS. TICONA POSTIGO,' ARANDA RODRIGUEZ, CAROAJULCA BUSTAMANTE,  CASTAÑEDA SERRANO. MIRANDA MOLINA C-803135-6

1.- MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto a fojas quinientos veintiuno por doña Justina Pacori Quispe, contra el auto de vista de fojas quinientos nueve, su fecha tres de marzo de dos mil diez, que confirmando el auto apelado, de fecha quince de abril de dos mil ocho, corriente a fojas trescientos uno, declara infundada la contradicción formulada por la recurrente, y en consecuencia ordena proceder con el remate de los inmuebles  dados en garantía.

 2.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Esta Sala Civil mediante auto calificatorio de fecha veinticinco de agosto del dos mil diez, declaró la procedencia excepcional del recurso de casación basado en los argumentos siguientes: i) que del escrito de contradicción a la ejecución presentada por doña Justina Quispe Pacori, en su calidad de tutora de las menores herederas de los deudores fallecidos Julián Leonidas Ortíz y Juana Francisca Pacori Quispe, se fundó en las causales de inexigibilidad de la obligación y extinción de la obligación; sin embargo, la resolución de vista no emite pronunciamiento alguno acerca de la extinción de la obligación, exponiendo escuetamente que la Resolución Administrativa del Indecopi que declaró la cancelación de la deuda con el seguro de desgravamen, por el fallecimiento de los titulares, no produce ninguna consecuencia jurídica, por haber sido revocada por resolución número 0795-2007/TDC-INDECOPI", estimando el recurso por infracción de lo dispuesto en el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado; ii) Asimismo, advierte el Tribunal de Casación, que en el presente proceso de ejecución de garantías intervienen las menores de edad Xuzhell Nazhira, Duzka Zhare y Julemy Naoki Ortiz Pacori, representadas por Justina Pacori Quispe, no obstante, no obra en autos que haya intervenido el representante del Ministerio Público, lo que implicaría a su vez la infracción de los regulado en los artículos 142 y 144 inciso b) del Código de Los Niños y Adolescentes, así como el numeral IX del Título Preliminar del mismo cuerpo legal, que resguarda el interés superior del menor.

 

3.- CONSIDERANDOS:

Primero.- Que, el debido proceso, está referido al respeto de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política, por el cual se posibilite que toda persona pueda recurrir a la justicia para obtener tutela jurisdiccional efectiva, a través de un procedimiento legal con la observancia de las reglas procesales establecidas para el procedimiento y a través del cual las instancias jurisdiccionales emitan pronunciamiento debidamente motivado con arreglo a ley.

 

Segundo.- Que, el principio de la motivación de los fallos judiciales constituye una exigencia que está regulada como garantía constitucional, consagrada en el artículo 139 inciso 5, de la Constitución Política del Estado, el cual asegura la publicidad de las razones que tuvieron en cuenta los jueces para pronunciar sus sentencias, ella resguarda a los particulares y a la colectividad de las decisiones arbitrarias de los jueces, quienes de este modo no pueden ampararse en imprecisiones subjetivas ni decir las causas a capricho, sino que están obligados a enunciar las pruebas en que sostienen sus juicios y a valorarlas racionalmente, en tal sentido, la falta de motivación no puede consistir, simplemente, en que el  juzgador no exponga la línea de razonamiento que lo determina a decidir la controversia, sino también en no ponderar los elementos introducidos en el proceso de acuerdo con el sistema legal, es decir, no justificar suficientemente la parte resolutiva de la sentencia a fin de legitimarla. Sobre el particular, el Tribunal Constitucional señala que "el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones judiciales no se encuentren justificados en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se deriven del caso".1

 

Tercero.- Que, bajo dicho contexto, la motivación escrita de las resoluciones judiciales constituyen un principio y un derecho de la función jurisdiccional, y debe ser el resultado del razonamiento jurídico que efectúa el juzgador sobre la base de los hechos acreditados en el proceso (los que forman convicción sobre la verdad de ellos) y la aplicación del derecho objetivo. Sin embargo, cuando dicho razonamiento jurídico viola las reglas de la lógica en su estructura se incurre en lo que se denomina como "error in cogitando" o de incoherencia.

 

Cuarto.- Que, mediante escrito de fojas noventicuatro, el Banco Continental Sucursal Cusco interpone demanda de ejecución de garantías contra la Sucesión de la sociedad conyugal conformada por Julián Leonidas Ortiz Romero y Juana Francisca Pacori Quispe, a fin de cumplan con pagarle la suma ascendente a cuarenta y seis  mil uno dólares americanos con doce centavos de dólar americano, más intereses compensatorios y moratorios pactados, devengados y por devengar, costas y costos, bajo apercibimiento de rematarse los bienes otorgados en garantía por los ejecutados —fallecidos- contenidos en las Escrituras Públicas del once de mayo y veintidós de octubre del dos mil uno, constituidas a su favor. Por su parte, doña Justina Pacori Quispe, absolviendo el traslado de la demanda, en su condición de tutora de los sucesores de la sociedad conyugal fallecida, constituida por sus hijos: Xuzhell Nazhira, Duzka Zhare y Julemy Naoki Ortiz Pacori, sustentó la contradicción en dos motivos: i) Inexigibilidad de la Obligación, señalando que la misma no resultaba cierta, expresa y exigible, en virtud a lo resuelto en la Resolución Final N°.119-2005-INDECOPI-CUS de fecha veinte de setiembre de dos mil seis, que estableció que la deuda que mantenían los ejecutados con el banco denunciado, era una deuda personal, y por ende, debía cubrirse con el seguro de desgravamen pactado. Además de referir la existencia de error en la liquidación del saldo deudor al no haberse considerado pagos a cuenta en dicha liquidación que fuera señalada en la indicada resolución; y ii) Extinción de la obligación afirmando que la acotada Resolución Final expedida por Indecopi dispuso que se dé por cancelada la deuda, esto es. extinguida, ordenando que se cumpla con extinguir el crédito otorgado al fallecido Julián Leonidas Ortiz Romero

 

Quinto.-Que, el Juez de primera instancia declaró infundada la contradicción, precisando en relación a la inexigibilidad de la obligación, que la misma no podía ser amparada en virtud a que si bien en primera instancia administrativa se declaró Fundada la denuncia formulada contra el banco, y que se haya contenida en la Resolución Final 119-2006-INDECOPI-CUS, dicha resolución fue revocada por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, declarándola infundada la denuncia. Seguidamente, respecto a la cancelación de la deuda, igualmente la desestima. en cuenta que sus fundamentos fueron los mismos de los señalados en la causal de inexigibilidad de la obligación; siendo objeto de apelación por la ejecutada, quien reiteró los dos extremos de su escrito de contradicción y la Sala Superior mediante resolución corriente a fojas trescientos noventa, declaró improcedente la demanda, e innecesario emitir pronunciamiento sobre la contradicción formulada, siendo recurrido en Casación por el Banco ejecutante, motivando la ejecutoria suprema expedida el cuatro de junio del dos mil nueve por este Supremo Tribunal, que en aquella oportunidad casó la sentencia y dispuso la emisión de nuevo fallo, al considerarse que se incurrió en errores en cuanto al análisis de la liquidación de saldo deudor y

la tasación comercial, en la que se exigió mayores apreciaciones formales en la liquidación de saldo deudor, y la defectuosa motivación en relación a la tasación comercial, además de precisarse que no era necesario el remate de todos los bienes, y que ello debía dilucidarse en la etapa de ejecución, conllevando a que se disponga que la Sala expida nuevo fallo.

 

Sexto.- Que, Sala Superior, en cumplimiento a lo ordenado por este Supremo Tribunal ha expedido nuevo fallo, mediante el cual declaró Infundada la contradicción por las causales invocadas, exponiendo como argumento que la inexigibilidad de la obligación basada en la Resolución número 119-2006/ INDECOPI, que declaró la cancelación de la deuda con el seguro de desgravamen por el fallecimiento de los titulares; no produce ninguna consecuencia jurídica, en la medida que fue revocada por la instancia superior de Indecopi, agregando otros aspectos relacionados con la valoración de los bienes materia de ejecución.

 

Sétimo.- Que, como puede apreciarse la Sala de mérito, únicamente emite pronunciamiento sobre la causal de contradicción basado en la inexigibilidad de la obligación, sin embargo, en la parte resolutiva, al confirmar la contradicción lo hace respecto de las dos causales invocadas, esto es, por la causal de inexigibilidad de la obligación y cancelación de la obligación, omitiendo explicar y fundamentar la segunda infringiendo no sólo el deber de motivación de los fallos judiciales, al que se  encuentra obligado todo magistrado en virtud a la garantía constitucional prevista en el inciso 5 del artículo 139 de la Carta Política, sino el de congruencia procesal, que es aquel principio rector de la actividad procesal por el cual en toda resolución judicial debe existir conformidad o concordancia entre el pedido formulado por cualquiera de las partes y la decisión que el Juez tome sobre él; en tal virtud, se exige que el Juez no omita, altere o exceda las peticiones contenidas' en el proceso, pues de lo contrario se afecta el principio de congruencia procesal contenido en el artículo 122 del Código Procesal Civil, lo que hace atendible el primer agravio expuesto en el recurso de casación.

 

Octavo.- Que, por otro lado, el artículo 142 del Código de Los Niños y Adolescente, establece que: "La falta de intervención del Fiscal en los casos previstos por la ley acarrea la nulidad la que será declarada de oficio o a petición de parte" mientras que el inciso b) del Artículo 144 del mismo cuerpo legal dispone que: Compete al Fiscal: "inciso b) Intervenir, de oficio y desde la etapa inicial, en toda clase de procedimientos policiales y judiciales en resguardo y protección de los derechos del niño y del adolescente". Advirtiéndose de las normas acotadas, los casos en que se requiere la emisión de dictamen por el Fiscal de Familia, y aun cuando en el caso de autos, estamos ante un proceso de ejecución de garantías, regulado por las normas del Código Procesal Civil (capítulo IV del Título V de la Sección Quinta) ello debe concordarse con lo expresamente normado por el artículo 89 - A de la Ley Orgánica del Ministerio Público aprobado por Decreto Legislativo N° 052, que establece la obligación del Fiscal Superior_ de Familia de emitir dictamen previo a la resolución que pone fin a la instancia, en los procesos a que se refiere el inciso 2) del artículo 85 del citado cuerpo legal, que dispone expresamente: "En los que tengan derechos o intereses morales o económicos los menores o incapaces."

 

Noveno.- Que. en tal sentido, en el presente caso resultaba obligatoria la emisión de dictamen previo a la decisión final, dado el interés económico que tienen los menores involucrados en el presente proceso, a fin de cautelar sus derecho y en observancia del Principio del Interés Superior del Niño, consagrado en el artículo IX del Título Preliminar del ordenamiento precitado, debiendo precisarse que al no haberse emitido dictamen previo desde primer grado, corresponde al juez encargado emitir nueva decisión, previa emisión del dictamen, en atención a la normatividad que garantiza el derecho de los menores.

 

Décimo.- Que, por tanto, se advierte que la resolución expedida por la Sala Superior se encuentra incurra en la causal de nulidad, no sólo porque transgrede el principio de congruencia procesal previsto en el artículo séptimo del Título Preliminar del Código Procesal Civil, concordado con el inciso sexto del artículo cincuenta del mismo texto, sino el artículo 142 del Código de los Niños y de los Adolescentes, verificándose la infracción normativa de las normas denunciadas, razón por la que debe ampararse el recurso de casación y proceder conforme a lo dispuesto en el numeral dos punto tres del inciso segundo del artículo trescientos noventa y seis del Código Procesal Civil;

4.- DECISION: Por estas consideraciones y, de conformidad con el dictamen del señor Fiscal Supremo en lo Civil y en aplicación de lo establecido por el artículo 396 del Código Procesal Civil; declararon: a) FUNDADO el recurso de casación interpuesto por doña Justina Pacori Quispe; en consecuencia, NULA la resolución de vista de fojas quinientos nueve, su fecha tres de marzo del dos mil diez, emitida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Cusco; INSUBSISTENTE el auto apelado de fojas trescientos uno, su fecha quince de abril del dos mil ocho; b) ORDENARON que el

Juez de la causa, expida nueva resolución, previo dictamen fiscal según lo expuesto en las consideraciones precedentes; c) DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano bajo responsabilidad en los seguidos por Banco Continental sucursal Cusco con la Sucesión de la Sociedad Conyugal de Julian Leonidas Ortiz Romero y Juana Francisca Pacori Quispe sobre Ejecución de Garantías; y los devolvieron; Intervino como Juez Supremo Ponente el señor Castañeda Serrano. SS. ALMENARA BRYSON, DE VALDIVIA CANO, WALDE JAUREGUI, VINATEA MEDINA, CASTAÑEDA SERRANO

1          Fundamento jurídico cuatro de la Sentencia del Tribunal Constitucional

N° 04295-2007-PHC/TC.

C-800331-7

Legitimidad de obrar de Notario en nulidad de acta de Prescripción Adquisitiva.

Sumilla: “…se advierte que existe una clara relación del Notario Público respecto del objeto litigioso, puesto que es el funcionario que emitió la declaración cuya nulidad se pretende en la demanda, hecho que lo habilita para actuar como demandado en el proceso. Por consiguiente, la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandado, deducida por Gino Emilio Ernesto Barnuevo Cuéllar, debe desestimarse, al haber vulnerado las instancias de mérito el principio de motivación de las resoluciones judiciales…”

 

 “…la resolución de vista impugnada deviene nula, siendo el caso que corresponde a esta Sala Suprema emitir un fallo en sede de instancia sancionando dicha nulidad y revocando la resolución apelada, bajo la invocación de los principios de economía y celeridad procesales, contenidos en el artículo quinto del Título Preliminar del Código Procesal Civil. Por las consideraciones expuestas, declararon: FUNDADO recurso de casación interpuesto, …; y, actuando en sede de Instancia, REVOCARON la resolución apelada…, que declaró fundada la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandado, deducida por Gino Emilio Ernesto Barnuevo Cuéllar; REFORMÁNDOLA, declararon infundada dicha excepción …”

 

 

CAS. N°      ICA. Nulidad de Acto Jurídico. Lima, once de mayo del año dos mil doce.- LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE 'JUSTICIA DE LA REPÚBLICA, vista la causa número:

MATERIA DEL RECURSO.- Se trata del recurso de casación interpuesto, a fojas catorce del presente cuadernillo, por Elizabeth Núñez Campos, contra la resolución de vista de fojas doscientos ochenta y cinco, su fecha veintiséis de abril del año dos mil once, expedida por la Segunda Sala Civil de Ica, que confirma la resolución apelada, de fojas doscientos cuarenta y uno, su fecha treinta de diciembre del año dos mil diez, que declara fundada la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandado, deducida por Gino Emilio Ernesto Barnuevo Cuéllar; en consecuencia, suspende el proceso hasta que el demandado establezca la relación jurídica procesal.

 

FUNDAMENTOS DEL RECURSO.- Esta Sala Suprema, mediante resolución de fojas treinta y nueve del presente cuadernillo, su fecha dieciséis de agosto del año dos mil once, ha estimado procedente el recurso de casación por la causal de infracción normativa de derecho procesal. La recurrente ha denunciado lo siguiente: A) Infracción del artículo ciento treinta y nueve, inciso tercero de la Constitución Política del Estado y de los artículos séptimo del Título Preliminar, cincuenta y seis, cincuenta y siete y ciento veintidós del Código Procesal Civil: señala que tanto el A quo como el Ad quem no pueden evaluar cuestiones de fondo sino únicamente cuestiones de forma; por ende, el Ad quem al haber analizado el fondo de la materia controvertida en el considerando sétimo de la impugnada, ha viciado su decisión, al no ser congruente con la naturaleza de la excepción, ni con el derecho ni con el mérito de lo actuado. B) Infracción del artículo cuatrocientos cincuenta y uno, inciso cuarto del Código Procesal Civil: señala que el Colegiado al establecer que sea el demandado el que establezca la relación jurídica procesal ocasiona la infracción a las normas que garantizan el derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva, al no ser congruente con la naturaleza de la excepción, ni con el derecho, ni con el mérito de lo actuado y le aparta del procedimiento establecido en la norma en cuestión, festinando el trámite en perjuicio de su parte. C) Infracción de los artículos ciento veintidós y ciento noventa y siete del Código Procesal Civil: señala que el Colegiado Superior no se ha pronunciado sobre el error de hecho y de derecho denunciado en su escrito de apelación ni ha valorado la prueba referida a la declaración asimilada del codemandado Gino Emilio Ernesto Barnuevo Cuéllar, a pesar de que la impugnada los enumera en el tercer considerando de la misma; sin embargo, no se pronuncia sobre dichos puntos controvertidos, lo que afecta su derecho al debido proceso.

 

CONSIDERANDO:

 

Primero.-Previamente a la absolución del recurso de casación sub examine, es necesario hacer un breve recuento de lo acontecido en el proceso. En tal sentido, se advierte a fojas cinco del expediente principal, que Elizabeth Núñez Campos interpone demanda solicitando se declare la nulidad del acto jurídico de declaración notarial de adquisición de propiedad por prescripción adquisitiva a favor de Flor de María Rodríguez Chiang, del inmueble ubicado en la urbanización La Angostura, zona "A", Manzana "D", lote número 24, distrito, provincia y departamento de loa, sustanciado ante el Notario Público Doctor Gino Emilio Ernesto Barnuevo Cuéllar. Realizado el emplazamiento a este último, mediante escrito de fojas doscientos catorce (cuaderno de excepciones), interpone excepción de falta de legitimidad para obrar del demandado. Expone que con las partes que intervienen en el acto jurídico que es materia del proceso no le une ningún grado de amistad, enemistad o parentesco y su función como Notario Público se ha limitado a confeccionar (sic) el Acta Notarial que declara la prescripción adquisitiva del bien inmueble ubicado en la urbanización La Angostura, Zona "A", Manzana D. lote número 24, en Ica. Que, de conformidad con el artículo sexto del Título Preliminar del Código Civil, no tiene ningún interés económico ni moral con relación a las pretensiones invocadas en la demanda y menos con la sentencia a expedirse, ya que los efectos que produzcan no le alcanzan y menos le afectan. Que, a tenor de lo mencionado y de las pretensiones de la actora es de ver que no se encuentra legitimado para discutir u oponerse a lo solicitado por la demandante y ello se debe a que nunca fue parte y menos ha tenido interés para ser actor dentro de la relación jurídica sustantiva, que es requisito para ejercitar la acción civil. Que, su única labor ha sido la de realizar  una función declarativa en el proceso cuestionado, al no haber mediado oposición alguna de las partes realmente legitimadas o interesadas dentro de los plazos de ley. Que, los únicos que se encuentran legitimados para responder en el proceso son la sucesión de Flor de María Rodríguez de Chiang y los que tengan derecho sobre el mencionado predio o hayan participado activa y directamente en el inicio o prosecución del trámite administrativo y declarativo de propiedad.  

Segundo.- Tramitada la excepción según su naturaleza, el Juez de la causa, mediante resolución de fojas doscientos cuarenta y uno, su fecha treinta de diciembre del año dos mil diez, declara fundada la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandado, deducida por Gino Emilio Ernesto Barnuevo Cuéllar; en consecuencia, suspende el proceso hasta que el demandado establezca la relación jurídica procesal. Como fundamentos de su decisión sostiene que en el caso de autos se pretende la nulidad de la declaración de prescripción adquisitiva de dominio del bien inmueble ubicado en la urbanización La Angostura, Zona "A", Manzana "D", lote número 24, en Ica, la cual se inició ante la Notaría Barnuevo Cuéllar, a petición de la sucesión de Flor de María Rodríguez de Chiang; es decir, Gino Emilio Ernesto Barnuevo Cuéllar no cuenta con legitimidad para obrar para ser demandado en el proceso, pues la única participación que tuvo fue como Notario Público; es decir, cumpliendo una función notarial, la misma que es declarativa, por lo que no resulta obligado a responder la acción de autos.

 Tercero.- Apelada la mencionada sentencia, la Sala Revisora, mediante resolución de fojas doscientos ochenta y cinco, su fecha veintiséis de abril del año dos mil once, la confirma. Como sustento de su decisión invoca los artículos dos, ciento cuarenta y cuatro y ciento cuarenta y cinco del Decreto Legislativo número 1049 (Ley del Notariado), veintisiete del Código Procesal Civil, manifestando que se ha llegado a determinar que el doctor Gino Emilio Ernesto Barnuevo Cuéllar no cuenta con legitimidad para obrar para ser demandado en el proceso, toda vez que su participación en el procedimiento notarial de prescripción adquisitiva de dominio se limitó a una función declarativa.

 Cuarto.- Es conveniente comenzar absolviendo la denuncia postulada en el apartado A), en que la recurrente denuncia la vulneración del artículo ciento veintidós del Código Procesal Civil, entre otros. Al respecto cabe manifestar que la motivación de las resoluciones judiciales es una garantía de la función jurisdiccional y, en nuestro ordenamiento jurídico está regulada por los artículos ciento treinta y nueve, inciso quinto de la Constitución Política del Estado, ciento veintidós, inciso tercero del Código Procesal Civil, y artículo doce de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Una motivación comporta la justificación lógica, razonada y conforme a las normas constitucionales y legales señaladas, así como con arreglo a los hechos y petitorios formulados poi las partes; por consiguiente, una motivación adecuada y suficiente comprende tanto la motivación de hecho o in facttum, donde se establecen los hechos probados y no probados mediante la valoración conjunta y razonada de las pruebas incorporadas al proceso, sea a petición de parte como de oficio, subsumiéndolos en los supuestos Fácticos de la norma, como la motivación de derecho o in jure, donde se selecciona la norma jurídica pertinente y se efectúa una adecuada interpretación de la misma. Por otro lado, dicha motivación debe ser ordenada, fluida, y lógica; es decir, debe observar los principios de la lógica y evitar los errores in cogitando, esto es, la contradicción o falta de logicidad entre los considerandos de la resolución.

 Quinto.- Del examen de la resolución de vista ahora impugnada se advierte que el Ad quem ha establecido que el Notario Público Gino Emilio Ernesto Barnuevo Cuéllar no cuenta con legitimidad para obrar para ser demandado en el proceso, toda vez que su participación en el procedimiento notarial de prescripción adquisitiva de dominio se limitó a una función declarativa.

Sexto.- Para ejercer válidamente los derechos o formular determinadas pretensiones, es necesario contar, además de capacidad procesal, con una condición más precisa y específica referida al litigio de que se trata, esto es, legitimidad para obrar. La legitimidad para obrar o legitimación procesal puede definirse, según Enrique Véscovi, como la posición de un sujeto respecto al objeto litigioso que le permite obtener una providencia eficaz. Se refiere a la titularidad del derecho respecto del objeto del proceso. Es por lo tanto, una peculiar situación jurídica que tiene el sujeto que actúa en el proceso respecto del objeto que se controvierte, que es lo que autoriza a pretender en forma eficaz o por parte del demandado, a contradecir hábilmente1.  

Sétimo.- En el caso de autos el objeto de la controversia consiste en la imputación de nulidad respecto del acto jurídico de declaración notarial de adquisición de propiedad por prescripción adquisitiva a favor de Flor de María Rodríguez Chiang, referido al inmueble ubicado en la Urbanización La Angostura, Zona "A", Manzana "D", Lote 24, Distrito, Provincia y Departamento de Ica, sustanciado ante el Notario Público Doctor Gino Emilio Ernesto Barnuevo Cuéllar. En tal sentido, se advierte que existe una clara relación del Notario Público respecto del objeto litigioso, puesto que es el funcionario que emitió la declaración cuya nulidad se pretende en la demanda, hecho que lo habilita para actuar como demandado en el proceso. Por consiguiente, la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandado, deducida por Gino Emilio Ernesto Barnuevo Cuéllar, debe desestimarse, al haber vulnerado las instancias de mérito el principio de motivación de las resoluciones judiciales.  

Octavo.- Por consiguiente, la resolución de vista impugnada deviene nula, siendo el caso que corresponde a esta Sala Suprema emitir un fallo en sede de instancia sancionando dicha nulidad y revocando la resolución apelada, bajo la invocación de los principios de economía y celeridad procesales, contenidos en el artículo quinto del Título Preliminar del Código Procesal Civil. Por las consideraciones expuestas, declararon: FUNDADO recurso de casación interpuesto, por Elizabeth Núñez Campos; por consiguiente CASARON la resolución de vista de fojas doscientos ochenta y cinco, su fecha veintiséis de abril del año dos mil once, expedida por la Segunda Sala Civil de Ica; y, actuando en sede de Instancia, REVOCARON la resolución apelada, de fojas doscientos cuarenta y uno, su fecha treinta de diciembre del año dos mil diez, que declaró fundada la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandado, deducida por Gino Emilio Ernesto Barnuevo Cuéllar; REFORMÁNDOLA, declararon infundada dicha excepción; ORDENARON que el A quo continúe con la substanciación del proCeso; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano, bajo responsabilidad; en los seguidos por Elizabeth Núñez Campos contra Gino Emilio Ernesto Barnuevo Cuéllar y otros, sobre Nulidad de Acto Jurídico; y los devolvieron. Ponente Señor Miranda Molina, Juez Supremo.- SS. ARANDA RODRIGUEZ, PONCE DE MIER, VALCÁRCEL SALDAÑA, MIRANDA MOLINA, CALDERÓN CASTILLO